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Ex presidente salvadoreño condenado en rebeldía

Funes tiene nacionalidad nicaragüense desde 2019

Un tribunal salvadoreño condenó el lunes al ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) a 14 años de prisión por sus supuestas negociaciones con bandas criminales. A Funes, actualmente residente en Nicaragua, le cayeron 8 años por agrupaciones ilícitas y 6 por incumplimiento de deberes. Nicaragua le dio la nacionalidad en 2019.

El exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés “recibió una condena de 18 años de prisión”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.

Funes, quien fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite, se convirtió en el segundo expresidente democrático salvadoreño en ser condenado. En 2018, el expresidente Tony Saca (2004-2009) fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de desviar más de 300 millones de dólares de fondos estatales.

El general retirado Munguía Payés fue declarado culpable de los mismos cargos, pero obtuvo 4 años adicionales de prisión por actos arbitrarios. Munguía Payés declaró tras la sentencia que el juicio estuvo lleno de irregularidades. “Me considero un preso político, sólo por haber sido ex ministro del presidente Funes. Me imputan una serie de acusaciones que no tienen ningún fundamento”, dijo.

Entre 2012 y 2014, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras pandillas minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el gobierno de Funes. Según la Fiscalía, esta tregua conllevó favores para estas pandillas, como beneficios penitenciarios para los líderes encarcelados, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en barrios específicos.

En 2016, Funes negó que su gobierno hubiera dado prebendas a los líderes pandilleros encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios. Sin embargo, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al afirmar que el armisticio fue una política de “pacificación”. En junio de 2019, un tribunal antimafia condenó a entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre bandas.

El actual presidente Nayib Bukele ha sido acusado de participar en el mismo tipo de actos. Los líderes de las bandas encarcelados recibieron supuestamente privilegios a cambio de frenar los asesinatos y dar apoyo político al partido de Bukele. El ex fiscal general Raúl Melara había dicho que investigaría las acusaciones, pero fue destituido antes de que pudiera hacerlo. La tregua se rompió cuando las bandas mataron a 62 personas en un solo día en marzo de 2022. Actualmente, Bukele está librando una guerra sin cuartel contra las bandas.