El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco ha sido cerrado por segunda vez desde el inicio de las protestas a nivel nacional tras la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, en una medida para prevenir nuevos ataques de manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que, como medida preventiva, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete suspenderá temporalmente sus operaciones, dijo el gobierno en un comunicado en Twitter.
La decisión se tomó ante el alto riesgo de que la terminal aérea sea asaltada por miles de manifestantes que marcharon este jueves por esta ciudad andina. La terminal aérea está custodiada por policías y militares y es la segunda más importante de Perú a nivel nacional, con más de 100 vuelos semanales desde y hacia Lima.
Durante las protestas del miércoles, cientos de pobladores, muchos de ellos agricultores, intentaron llegar al aeropuerto como parte de una movilización para exigir la destitución de Boluarte. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, armada con hondas, dejando un dirigente campesino muerto y más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden, según la Defensoría del Pueblo.
El aeropuerto de Cusco estuvo 5 días inoperativo, la primera vez que se cerró en medio de la creciente agitación interna.
La Defensoría del Pueblo también confirmó el jueves la muerte en Juliaca (en la región de Puno) de un civil de 16 años que había recibido un disparo en la cabeza el lunes durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, para un total de 49 víctimas mortales desde el inicio de la crisis. La nueva víctima se sumó a los 17 manifestantes muertos el lunes.
Hasta la fecha, 41 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, además de un policía y otras siete personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico derivados de los bloqueos protagonizados por los manifestantes.
La Defensoría del Pueblo también informó que 17 agentes de la Policía Nacional permanecen hospitalizados en Puno y recomendó al Ministerio Público que las investigaciones sobre los trágicos hechos ocurridos en Juliaca, Puno, sean investigados por fiscales especializados en derechos humanos e interculturalidad.
Los medios locales informaron de que en Juliaca reinaba una tensa calma antes de los funerales de muchas de las víctimas.
Además de la dimisión de Boluarte, los manifestantes piden el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.