Seis generales peruanos han sido detenidos por su presunta implicación en una red de corrupción en la que está involucrado el ex presidente Pedro Castillo Terrones, según anunció el lunes la Fiscalía General del país.
Se cree que los militares pagaron sobornos a cambio de su ascenso con el conocimiento y autorización de Castillo. Tras 26 redadas en distintas ciudades del país, las autoridades siguen buscando a otros ex o actuales oficiales de policía de alto rango. Se estima que los acusados pagaron entre 20.000 y 30.000 dólares por su ascenso a general durante el primer año de gobierno de Castillo.
El Ministerio del Interior de Perú también dijo que había incautado documentos y dispositivos en más de dos docenas de registros en todo el país, incluidos dos domicilios vinculados al ex ministro de Defensa de Castillo, Walter Ayala. El lunes, Ayala criticó los registros y las detenciones. Esto ha sido innecesario porque no han encontrado nada, dijo.
El país se ha enfrentado a semanas de disturbios tras la destitución de Castillo, con manifestantes que instan a su liberación de la cárcel. Muchos manifestantes también han exigido elecciones anticipadas, la disolución del poder legislativo peruano, que tiene un índice de desaprobación de casi el 90% y la dimisión de la sucesora de Castillo, la ex vicepresidenta Dina Boluarte.
Al menos 21 personas han muerto hasta ahora en las manifestaciones, lo que ha suscitado la preocupación de los grupos de defensa de los derechos humanos. La crisis también ha avivado las tensiones con otros países de América Latina, sobre todo con México, donde el gobierno ha apoyado a Castillo y ha ofrecido asilo a miembros de su familia.
Las detenciones del lunes se produjeron después de que un ex comandante del ejército, el general José Vizcarra, y de la fuerza aérea, Jorge Chaparro, denunciaran en noviembre que el gobierno de Castillo les había presionado para ascender a oficiales no aptos.
Castillo se encuentra actualmente en prisión preventiva por rebelión y conspiración, tras ser sometido a juicio político a raíz de su decisión de disolver el Congreso y gobernar por decreto.