La presidenta peruana, Dina Bolurte, declaró el miércoles el estado de emergencia en todo el país durante 30 días a raíz de las violentas manifestaciones y disturbios registrados en diversas partes del país, que han causado hasta el momento ocho muertos y más de un centenar de agentes del orden heridos.
La medida implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros. También se estudia declarar un toque de queda, se informó en Lima.
Se ha aprobado declarar el estado de emergencia para todo el país, debido a los actos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos, que ya se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dijo a la prensa el ministro de Defensa, Alberto Otárola. Se requiere una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno, agregó.
Asimismo, anunció que se lanzará una edición especial del diario oficial El Peruano para oficializar el anuncio.
Bajo esta condición legal, la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Quiero recordarles que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, insistió Otárola.
El ministro también explicó que la medida se había tomado para que los ciudadanos tengan la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y entonces vamos a garantizar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos.
También señaló que era necesario proteger las infraestructuras estratégicas para garantizar el bienestar y la paz de los ciudadanos. Dos aeropuertos estratégicos han sido cerrados tras violentas manifestaciones.
Dijo que también existe la posibilidad de decretar un toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.
Otárola también admitió que las autoridades estaban estudiando la posibilidad de decretar un toque de queda. Ya se había decretado el estado de excepción durante 60 días en las zonas donde se concentraba la violencia.
El lunes, los manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una fábrica de productos lácteos. Y el martes tomaron una planta de gas en Cusco, donde también se cerró el aeropuerto internacional por motivos de seguridad.
Los manifestantes exigen la liberación del ex presidente Pedro Castillo Terrones, destituido y detenido tras la disolución del Congreso. También piden la disolución del Parlamento y la convocatoria inmediata de elecciones para una asamblea constituyente.
Las mesas de diálogo en busca de consenso continúan. Escuchamos las demandas y necesidades de todas las regiones, y también trabajamos arduamente para mantener la paz. Nuestras Fuerzas Armadas apoyan a la policía peruana en esta tarea, dijo Otálora.
Boluarte ya anunció que adelantaría las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 y también se baraja la posibilidad de diciembre de 2023.