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CIDH falla contra Costa Rica y recibe una denuncia de Uruguay
Los reporteros costarricenses no necesitaban indagar más, ya que basaron su artículo en declaraciones de una fuente oficial, según la CIDH La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado a Costa Rica por hechos cometidos en 2005 en violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión contra los reporteros Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves.
Al anunciar la sentencia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, explicó que “el Estado debe anular la atribución de responsabilidad civil a Freddy Parrales Chaves y Ronald Moya Chacón impuesta por la sentencia dictada el 10 de enero de 2007 por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, confirmada por la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2007 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”.
Las sanciones fueron impuestas a Moya Chacón y Parrales Chaves por la publicación, el 17 de diciembre del 2005, de un reportaje en el diario La Nación en el que mencionaban las supuestas irregularidades en el control de las importaciones de licor por la frontera con Panamá.
Uno de los policías implicados en la investigación, que respondía al nombre de Trejos, presentó una demanda por injurias y calumnias, así como una acción civil contra los periodistas.
La Corte argumentó que la información impresa procedía de una fuente oficial, que en ese momento era el Ministro de Seguridad, lo que libraba a los reporteros de buscar “verificaciones adicionales”.
En otro caso, el senador del Frente Amplio de Uruguay, Charles Carrera, presentó esta semana una denuncia ante el mismo tribunal contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por “persecución política”.
Según El País, el legislador denunció “la situación de persecución y hostigamiento” que supuestamente sufre desde hace un mes. Carrera también afirmó que dicha persecución es consecuencia de su actividad en el Congreso y que comenzó pocos días después de que protagonizara “una de las más escandalosas denuncias de presunta corrupción en este período de gobierno” (el traspaso del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie). Carrera también pidió que se investigue el número de asesinatos en el país, que “se han disparado”.
El senador también argumentó que se habían violado “indebidamente” las barreras entre los poderes del Estado y que el Ejecutivo y el Legislativo actuaban como un único centro de poder ejercido por la coalición [gobernante] (...) de forma abusiva”.
La Corte aún debe decidir si la presentación de Carrera es admisible.
