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Arresto preventivo para sobrinos del presidente peruano
Los acusados obstruyeron la labor de la fiscalía y permanecieron prófugos desde finales de marzo, según el juez Un juez de Lima ha ordenado la detención preventiva durante 36 meses de dos sobrinos del presidente peruano Pedro Castillo Terrones, así como de su ex ayudante Bruno Pacheco, por su presunta implicación en casos de corrupción, se informó.
Según la fiscal Karla Zecenarro, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo participaron junto a Pacheco en la adjudicación ilegal de un contrato para la construcción de un puente en la localidad de Tarata, provincia de Piura, en el noroeste de Perú.
Al acceder a la solicitud del fiscal, el juez Manuel Chuyo Zavaleta consideró que los acusados obstruyeron la labor de la fiscalía y permanecieron prófugos desde finales de marzo, fecha en que se ordenó su detención, y que, por lo tanto, suponían un riesgo de fuga.
El juez Zavaleta también ha ordenado la prisión preventiva de los funcionarios de carreteras Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, así como la de los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera.
El magistrado encontró fuertes indicios que apuntan a una organización criminal dentro del actual gobierno de Pedro Castillo, que habría utilizado a empresarios y otros funcionarios públicos para favorecer al Consorcio Tarata III en la adjudicación de la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín.
El caso trata de la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (62,37 millones de dólares) a este consorcio después de que una oficina del Ministerio de Transportes observara que no cumplía los criterios técnicos necesarios.
La investigación gira en torno a las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien supuestamente se reunió con los sobrinos de Pacheco y Castillo en el Palacio de Gobierno. López afirma que el Ministerio de Transporte le entregó una lista de obras para que las solicitara sin necesidad de licitación pública.
Castillo, que ya ha sobrevivido a dos intentos de destitución, enfrenta un nuevo pedido de remoción por “ineficacia e irresponsabilidad” tras firmar un decreto que considerado inconstitucional.
La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, cuestionó a Castillo por su decreto del 5 de abril que imponía el toque de queda en Lima y Callao para hacer frente a las protestas por el aumento del precio de los combustibles y la huelga de los trabajadores del transporte.
Castillo “no ha cumplido con su deber de respetar el Estado de Derecho y la Constitución”, dijo Chirinos, quien pidió al Parlamento unicameral la destitución de Castillo de la presidencia y su posterior inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
