El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien ya cumple una pena de prisión por crímenes de lesa humanidad, fue procesado el sábado por otros cinco asesinatos más la esterilización forzada de más de 1.300 mujeres durante su mandato (1990-2000).
Los exministros de salud de Fujimori Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga también han sido imputados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, más lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de una grave violación a los derechos humanos por parte de la Fiscalía, donde se tramitó el caso, que estuvo al borde de ser archivado en 2009, 2014, 2016 y 2018, según las víctimas y sus familiares.
En marzo de este año, un fiscal que representaba a más de 1.300 mujeres esterilizadas por la fuerza llevó a Fujimori y sus ayudantes ante la justicia. El 14 de septiembre, el juez Rafael Martínez comenzó a escuchar el caso y tomó su decisión después de casi tres meses de audiencias interrumpidas.
El fiscal Pablo Espinoza había dicho a principios de este año que el gobierno de Fujimori se había concentrado en esterilizar a los más pobres. El Estado había expresado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay víctimas de otros sectores sociales, dijo. Afirmó que entre 1996 y 2000 se organizaron innumerables festivales de salud en aldeas remotas para atraer a mujeres que luego fueron esterilizadas sin su consentimiento informado.
El fiscal también dijo que el gobierno de Fujimori recompensó a los funcionarios de salud que realizaron el mayor número de esterilizaciones con viajes gratis y otros beneficios, pero también amenazó con despedirlos si no lograban sus objetivos. Según la fiscalía, entre 1995 y 2000 hubo 273.684 esterilizaciones de mujeres de habla quechua entre las más pobres del país y 1.599 complicaciones.
Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por su participación en los asesinatos de 25 peruanos, incluido un niño de 8 años, a manos de un grupo clandestino de militares, además de otras condenas, dos de ellas por corrupción.
El actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, denunció en 1997 que él y otros médicos habían sido obligados a realizar procedimientos de esterilización.
A las víctimas les fueron atadas las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que impulsó Fujimori en sus últimos cuatro años en el poder. El programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.
Es posible que el juicio no comience hasta que Chile lo autorice, porque luego de huir de Perú en noviembre de 2000, Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 para ser juzgado en Perú, pero la extradición no incluía las esterilizaciones forzadas. Se cree que la luz verde de Chile puede demorar hasta un año. La fiscal Carmen Rosa Crisóstomo dijo que la solicitud se presentará oportunamente, para que las autoridades judiciales chilenas puedan evaluarla.