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Manifestantes organizan protestas contra el gobierno en Bolivia: Arce y Evo hablan de “golpe fallido”
Los manifestantes se opusieron a un proyecto de ley por el cual el gobierno podría investigar los activos de cualquier ciudadano sin orden judicial. Los manifestantes de la oposición boliviana protagonizaron este lunes una serie de protestas y marchas para expresarse contra la intención del Presidente Luis Arce de aprobar una ley que permita investigaciones en profundidad sobre la riqueza personal de los ciudadanos.
Los manifestantes se opusieron a la llamada Ley del Gobierno contra la Legitimación de Beneficios Ilícitos, Financiamiento contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La Policía boliviana tuvo que utilizar gases lacrimógenos para garantizar la “libre circulación”, lo que fue apoyado en algunos casos por civiles que se manifestaron en contra de la protesta.
Las principales manifestaciones tuvieron lugar en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que conforman el “eje central” del país. Se informó de que habían tenido lugar otras aglomeraciones en Oruro, Potosí, Tarija y Sucre.
Santa Cruz fue el epicentro de las protestas desde temprano en la mañana por la ausencia de transporte público sindicalizado, además de que muchos comercios cerraron sus puertas en apoyo al llamado del Comité Cívico.
Los manifestantes temen que tal ley otorgaría poderes especiales al Estado para llevar a cabo una persecución política en violación de las cláusulas de confidencialidad o secreto profesional.
Los manifestantes colocaron cuerdas, neumáticos y otros objetos en los cruces de calles para detener la circulación.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, destacó el apoyo que había recibido la huelga en esa región, mientras que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, retiró personalmente los neumáticos que bloqueaban las vías e instó a la población a despejar el paso.
En La Paz, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a las personas que incluso hicieron una barrera uniendo sus brazos y se sentaron en las calles para detener el tráfico. El presidente del Ayuntamiento, Jorge Dulón, advirtió sobre la presencia de presuntos “grupos paramilitares” del gobernante Movimiento por el Socialismo (MAS) que podrían apoyar a la Policía para garantizar la “libre circulación”.
En Cochabamba, una marcha masiva de sindicatos y comerciantes informales atravesó el centro de la ciudad. “Estamos en esta huelga cívica diciéndole al MAS que con leyes no va a imponer la dictadura”, dijo la activista Lizeth Beramendi desde un piquete en una ciudad donde la tensión alcanzó su punto máximo con facilidad.
El gobierno boliviano había minimizado desde el principio el anuncio de la huelga, a la que calificó como una maniobra para desestabilizar la administración de Arce. El expresidente Evo Morales llegó a decir que el paro había “fracasado” y que el pueblo boliviano que “no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia” y “no quiere dañar la economía”.
También se han informado algunos arrestos. El jefe de policía, Jhonny Aguilera, reconoció que en “Cochabamba y Santa Cruz” hubo “bloqueos esporádicos que están siendo monitoreados”, mientras que el ministro de Gobernación aseguró que en el resto de los siete departamentos “hay absoluta normalidad”.
En las tres ciudades, el transporte público fue escaso, aunque la banca privada y la administración pública operaron con normalidad.
“La conspiración antidemocrática no ha sido definitivamente derrotada con las elecciones del año pasado. Vuelve a levantar cabeza, promoviendo disturbios y desunión entre los bolivianos y bolivianas para crear las condiciones para un nuevo golpe”, dijo Arce.
El Mandatario, que ganó las elecciones con el 55% de los votos, llamó a los pueblos del mundo “a estar alerta, porque la lucha de un pueblo es la lucha de todos los pueblos”. El partido gobernante ha denunciado reiteradamente ser víctima de esfuerzos desestabilizadores.
El criticado proyecto de ley, que es discutido por el Parlamento mayoritario gobernante, permitiría al gobierno investigar los bienes de cualquier ciudadano sin orden judicial y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de clientes, entre otros aspectos.
Los manifestantes también denuncian una “persecución política”, por los juicios penales que se están llevando a cabo contra la ex presidenta interina de derecha Jeanine Áñez (2019-2020); los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; así como los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
