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Tres años después, el 8 de enero aún tiene a Lula en la cuerda floja
Sea cual sea la decisión que tome, Lula tendrá que pagar un coste político Brasil conmemora este jueves el tercer aniversario del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, por el cual fueron condenados, entre otros, el expresidente Jair Bolsonaro y algunos de sus colaboradores más cercanos.
El aniversario coincide con el momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dispone a celebrar una ceremonia por la democracia, mientras enfrenta un posible conflicto con el Congreso por el llamado “Proyecto de Ley de Sentencia”, un intento legislativo para reducir las penas impuestas a los involucrados en la conspiración golpista.
El juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) presentó recientemente un balance de las consecuencias legales de los atentados. El documento mostró una enorme labor judicial, que resultó en 810 condenas por delitos como intento de golpe de Estado, organización criminal armada y atentados contra el Estado de derecho democrático. Además, se alcanzaron 564 acuerdos de no procesamiento para participantes de bajo nivel, lo que derivó en sanciones económicas para reparar los daños causados durante los disturbios, así como en un curso obligatorio sobre democracia.
Por otro lado, 346 casos se encuentran en las etapas finales de investigación, muchos de ellos dirigidos contra quienes presuntamente financiaron el movimiento.
Las investigaciones de la Policía Federal concluyeron que los disturbios no fueron espontáneos, sino parte de un plan golpista estructurado, liderado por figuras militares y políticas de alto rango, como Bolsonaro, el general Augusto Heleno, el exministro Anderson Torres y el general Walter Braga Netto, entre otros.
La ceremonia de Lula de “Reafirmación de la Democracia” no contará con la presencia de los titulares de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, quienes declinaron sus invitaciones, alegando compromisos personales y políticos.
Lula tiene hasta el 12 de enero para vetar el proyecto de ley. Ha afirmado repetidamente que “no hay perdón para quienes atacan la democracia”, y según analistas locales, se espera algún tipo de veto parcial. Otros especulaban que Lula podría emitir su veto este mismo jueves para maximizar el impacto político.
El proyecto de ley prevé la reducción de las penas de prisión por delitos “no violentos” cometidos el 8 de enero (como “incitación” o “asociación para delinquir”) hasta en un 50%. Además, contempla una responsabilidad más limitada para quienes financiaron los autobuses y la logística, siempre que no ingresaran físicamente a los edificios de los tres poderes del Estado.
La nueva ley también se propone redefinir el “Intento de Golpe de Estado” y convertirlo en “Desorden Civil” para los acusados que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas.
Presentado por el grupo político “Centrão” y la oposición pro-Bolsonaro, el proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras con una mayoría significativa. Los legisladores argumentan que las condenas del STF (algunas superiores a 15 años) fueron “desproporcionadas”.
El veto de Lula al proyecto de ley apaciguaría a sus votantes, a riesgo de una “guerra legislativa” en la que el Congreso podría anular la medida del mandatario y bloquear la agenda económica del gobierno. Por otro lado, promulgar el proyecto de ley se consideraría una señal de debilidad.
