Por Dr. Jorge G. Guzmán, Universidad Autónoma & Athenalab.org – El Presidente de Chile Sebastián Piñera acaba de visitar el Reino Unido en el marco de una gira europea que incluyó España, Francia, Italia y el Vaticano. Probablemente durante su estada en Londres, ni el Presidente, ni el Canciller Allamand, mencionaron la cuestión de los vínculos históricos entre nuestra Región y las Islas Falkland/Malvinas, no obstante la actualidad del impasse político y diplomático generado por la proyección de la plataforma continental legal de las Islas Diego Ramírez sobre el proyecto geopolítico de plataforma continental argentino de 2009. En círculos argentinos ya circulan algunas (convenientes) teorías de la conspiración, que apuntan a una supuesta “oculta alianza” chileno-británica. Delirante.
En Magallanes es sabido que, desde temprano en el siglo XIX, los Isleños de las Falkland mantuvieron -por obvias razones de proximidad- relaciones amistosas con la naciente comunidad regional, (Magallanes) con la cual, además de algunas de sus más antiguas familias, compartieron la actividad de la cría de ovejas, la pesca y el transporte marítimo.
Después del conflicto bélico generado por la invasión militar argentina (1982), los vínculos históricos entre esas islas y la Región de Magallanes se han visto disminuidos como resultado de restricciones unilaterales impuestas por nuestros vecinos a la navegación marítima y aérea. No obstante que, desde la administración Aylwin, Chile ha solidarizado con el reclamo territorial argentino, las restricciones a la navegación se han implementado sin pausa. Esto, sin embargo, no ha acercado ni siquiera un milímetro a las gentes de las Falkland hacia la posición irredenta argentina.
En Chile tampoco se ha tomado nota de los cambios políticos y administrativos ocurridos en esos territorios. Si hace 40 años, en la época de la invasión argentina, se trataba de las “Falkland Islands Dependencies”, un territorio de ultramar vinculado al llamado “British Antarctic Territory”, hoy se trata de un territorio autónomo, con su propia Constitución, su propio gobierno y su propia judicatura.
En los hechos y en el derecho, desde que en 1964 Argentina incluyera su pretensión sobre las “Falkland Islands Dependencias” en la agenda del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el gobierno isleño ha transitado desde un “territorio de ultramar” a un territorio autónomo de gobierno elegido por voto universal, cuyos habitantes, por decisión libre e informada, desean seguir vinculados al Reino Unido.
Mirado el asunto desde la perspectiva de los principios básicos de Naciones Unidas, ya no se trata de un “problema de descolonización” (no es “una colonia”), sino de un problema de “autodeterminación de los pueblos” y, también, de un problema respeto de los derechos humanos de los isleños (i.e., “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica: es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales”).
A pesar de su énfasis en lo declarativo y principista, a contar de la década de los 90s la política exterior chilena ha preferido ignorar esta realidad. A cambio, ha endosado el reclamo territorial argentino que encapsula un proyecto geopolítico de enorme envergadura y que, entre otros, incluye una pretensión sobre territorios submarinos de la proyección legal de 200 millas de las Diego Ramírez, amén de parte esencial de la Antártica Chilena.
Ni Chile ni Argentina han logrado comprender el proceso que ha tenido lugar en las Falkland/Malvinas. Mientras eso no ocurra, esta región del mundo seguirá siendo objeto de una competencia que no solo dificultará la creación de una comunidad de intereses (que asegure la paz y la estabilidad internacionales), sino que facilitará la irrupción de verdaderas potencias extra-regionales con intereses frontalmente opuestos a los habitantes del extremo sur americano.