El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, subió el lunes la apuesta en su disputa con el Tribunal Supremo Federal del país (STF) diciendo que el organismo estaba preparando el terreno para arrestarlo, bajo cargos de ser una amenaza para la democracia.
Bolsonaro llamó a la población a defender la libertad de expresión y a manifestarse contra el máximo tribunal el 7 de septiembre (Día de la Independencia), una convocatoria que la oposición califica como un autogolpe de Estado.
“Lo que están buscando es esperar el momento para aplicarme una sanción restrictiva, quizás cuando deje el gobierno, más adelante”, dijo Bolsonaro durante una entrevista radial. Estos comentarios se produjeron pocos días después de que advirtiera durante un servicio evangélico. que su destino tenía tres opciones: Ir a la cárcel, morir o salir victorioso.
Bolsonaro apuntó en particular al juez del STF, Alexandre de Moraes, quien ordenó que se lo investigara por dudar de la confiabilidad del sistema de votación electrónica del país. De Moraes también es juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El presidente también está bajo investigación por el oscuro acuerdo de compra de vacunas COVID-19 fabricadas en India que nunca llegó a materializarse.
“Digo que nos enfrentamos a una gran presión contra la libertad de expresión. No se puede hablar de un tratamiento temprano contra la pandemia, no se puede hablar en contra del voto electrónico”, dijo el presidente.
El 7 de septiembre, transcurridos 199 años desde la declaración de Independencia, llamó a la población a defender la libertad de expresión y a participar en las movilizaciones en Brasilia y San Pablo contra el STF.
La convocatoria generó rechazo en los mercados financieros hacia las políticas del ministro de Economía, Paulo Guedes. También ha fracturado el poderoso sector industrial.
Las entidades agroindustriales brasileñas habían publicado el lunes una declaración a favor de la Democracia y mientras los principales bancos privados del país, Itaú, Bradesco y Santander, se preparaban para hacer lo mismo, el Gobierno amenazó con retirar a las entidades estatales Banco do Brasil y Caixa Económica de la federación de bancos (Febraban).
El vicepresidente Hamilton Mourao dijo que defendía el manifiesto y sostuvo que los bancos y la industria son la base de la civilización.
El sindicato CUT, vinculado al opositor Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió en un comunicado contra las manifestaciones del 7 de septiembre: “Ya no se puede sostener, vivimos al borde de una crisis institucional. La incapacidad política que tiene como objetivo romper la armonía entre los poderes del Estado esconde un comportamiento que busca justificar salidas no constitucionales.
Mientras tanto, los partidarios de Bolsonaro planean organizar sus propias manifestaciones el 7 de septiembre en Londres. Los participantes están siendo reclutados a través de las páginas de grupos progubernamentales en Internet como Chega de Censura y Great Brasil Team. Bajo el lema “Por la Libertad de Brasil”, los manifestantes están llamados a comparecer a primera hora de la tarde del día 7 frente al Consulado de Brasil en Londres y, a última hora, frente a la Embajada de Brasil.
En el extremo opuesto del espectro político, la ex presidenta Dilma Rousseff coincidió con la idea de que Bolsonaro estaba planeando un golpe.
Lo que estamos viviendo ahora es la posibilidad de un nuevo golpe de Estado basado en las derivaciones de la guerra híbrida, advirtió Dilma. Dijo además que esta vez sería un golpe dentro del golpe que comenzó en 2016 cuando ella fue destituida de su cargo.
Rousseff también sostuvo que las manifestaciones del 7 de septiembre -que ella denominó “un ensayo general para un golpe de Estado” - estaban siendo financiadas por asociaciones de soja, policías y grupos evangélicos.
El golpe ya ocurrió (en 2016). Lo que estamos viviendo son las etapas del posible endurecimiento del régimen político en Brasil. El gobierno está coqueteando con la posibilidad de un golpe dentro del golpe”, dijo Rousseff.