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CIDH informa ejecuciones sumarias en levantamiento de 2019 en Bolivia

Tappatá dijo que “al menos 37 personas perdieron la vida”. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Un informe difundido este martes por un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró que se llevaron a cabo “ejecuciones sumarias” en Bolivia durante el levantamiento de 2019 que determinó la renuncia del presidente Evo Morales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que ha investigado estos hechos, entregó sus conclusiones al presidente Luis Arce en La Paz, sin dejar dudas sobre masacres militares y policiales.

Patricia Tappatá, del GIEI, dijo que “al menos 37 personas perdieron la vida en varias partes del país y cientos recibieron heridas graves, tanto físicas como psicológicas”.

La investigación abarcó desde el final del goobierno de Evo Morales hasta el inicio del de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez, bajo cuyo mando se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba, y cuatro días después en la planta de gas Senkata, en la ciudad de El Alto, próxima a La Paz.

En Sacaba hubo 11 muertos y el mismo número en Senkata. Tappatá dijo que el GIEI “no duda” en calificar estos hechos como “masacres”.

En Sacaba, zona fuertemente influenciada por los cocaleros, leales aliados de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo de peritos forenses argentinos. Algunas de esas muertes se debieron a “ejecuciones sumarias”, explicó la experta del GIEI.

Luego de escuchar el informe, el presidente Arce anunció reparaciones para las víctimas. Agregó que el documento “describe claramente las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en nuestro país durante el golpe” contra su mentor político Morales.

Arce prometió llevar a los responsables ante la justicia y Áñez publicó en redes sociales su solicitud de un juicio justo. Actualmente se encuentra en prisión preventiva desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga los hechos ocurridos durante entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actor clave en la salida del poder de Morales, dijo que el informe “es claro” porque “las muertes y violaciones de derechos humanos comenzaron en el gobierno de Evo Morales y terminaron en el de Áñez”, así que “si se procesa a Jeanine Áñez, también se debe procesar a Evo”.

El expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005) dijo que se debe llevar a cabo una reforma del sistema judicial, como “requisitos para garantizar la justicia y el debido proceso en los casos que deban ser juzgados”.

Mesa es acusado por el oficialismo como uno de los responsables del presunto golpe de Estado, junto a la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), y los Gobiernos de Argentina del entonces presidente Mauricio Macri y de Ecuador del entonces mandatario Lenín Moreno.

Bolivia entró en crisis tras las elecciones de octubre de 2019. Los resultados favorecieron a Morales, en el poder desde 2006 y con la intención de extender su mandato hasta 2025. Sin embargo, la oposición lo acusó de haber cometido fraude y estallaron protestas a nivel nacional. La policía y el ejército le retiraron su apoyo a Morales, quien renunció y se exilió a México.