El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, expresó este martes su apoyo al pueblo cubano que protesta contra sus condiciones de vida bajo el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel.
”Apoyo los movimientos por la libertad en Cuba. Quiero ver si (el ex presidente Luiz Inácio) Lula (Da Silva) hace lo mismo, dijo Bolsonaro.
“Lula es un delincuente que no puede salir a la calle y está con casi el 60% de la intención de voto. Para no ser como Cuba tenemos que evitar el fraude electoral en las elecciones de 2022”, agregó.
Bolsonaro criticó al régimen comunista. Destacó que la medicina cubana es una farsa” y recordó que 15.000 médicos cubanos que se encontraban trabajando en Brasil con un convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidieron irse antes de que él asumiera el cargo.
Para no ser como Cuba, debemos tener el voto auditable, dijo, insistiendo en la necesidad de cambiar el sistema de urnas electrónicas que utiliza Brasil desde 1996.
Políticos de la oposición y medios de comunicación han sostenido que las objeciones de Bolsonaro a ese sistema eran infundadas.
En otro movimiento geopolítico en la misma línea, el canciller Carlos França, emitió este martes un comunicado apoyando a Juan Guaidó en Venezuela, a quien Brasil aún considera el presidente interino del país.
Desde que asumió el cargo en 2019, Bolsonaro se ha alineado con Estados Unidos e Israel para mantener el embargo económico contra Cuba y ahora parece haber tomado la bandera a favor de los opositores al gobierno de la isla.
Bolsonaro ha sufrido una pérdida en su popularidad del 24%, especialmente debido a su peculiar manejo de la pandemia de coronavirus y ahora se cree que no podrá vencer a Lula en las elecciones del próximo año, según la encuestadora Datafolha.
Durante el fin de semana, un estudio reveló que el 63% de la población considera a Bolsonaro incapaz de gobernar y que es repudiado en un 59% para las elecciones de octubre de 2022.
En ese contexto, el mandatario dijo que se caga en la comisión del Senado que investiga la pandemia (CPI), donde sus integrantes lo han acusado de 'genocidio de salud' y que su perfil de mito contra la corrupción que se extendió en la campaña de 2018 comenzó a difuminarse. También está siendo investigado por el STF por malversación.
El mandatario admitió la noche del lunes que había recibido una denuncia documentando sobreprecio en la compra de vacunas Covaxin y que no hizo la denuncia. Sostuvo que entregó los papeles al entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello.
Bolsonaro ha optado por mantener cierta popularidad entre sus seguidores más fieles organizando caravanas de motos en varias ciudades, mientras la oposición se lanza a las calles para exigir su juicio político, que ha sido detenido por su aliado titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
También hay un conflicto entre el jefe del CPI, el senador Omar Aziz, y los comandantes de las tres fuerzas armadas. El cruce de denuncias y amenazas ha aumentado tanto que el martes por la tarde Bolsonaro se reunió con el presidente del STF, Luis Fux. El magistrado lo invitó a sellar un convenio de defensa para las instituciones. Al salir de la reunión, Bolsonaro volvió a mostrarse irritado y enojado con uno de los periodistas que lo interrogó.
Para no perder el control, ordenó a todos que rezaran el Padre Nuestro. Con aparentes problemas de salud, les dijo a sus seguidores que padecía ataques de hipo.
Lula sí abordó la crisis cubana, pero al igual que el presidente argentino Alberto Fernández, llamó la atención sobre el embargo comercial de Estados Unidos: ”Los estadounidenses tienen que dejar ese rencor; el bloqueo es una forma de matar a seres humanos que no están en guerra. Los Estados Unidos temen? (...el presidente Joseph) Biden debería aprovechar este momento para anunciar en televisión que va a adoptar la recomendación de los países de la ONU y terminar con este bloqueo”, dijo Lula en redes sociales.
También el martes Bolsonaro promulgó la ley de privatización de Eletrobras y vetó la protección social para los trabajadores despedidos en el proceso, que había sido aprobada por el Congreso. Tras el cambio de manos de la compañía eléctrica, los consumidores temen que las tarifas suban hasta un 15 por ciento, mientras que los funcionarios del gobierno han estimado que bajo la nueva administración podrían caer hasta un 7,36%.
La privatización ha llegado en un momento difícil para la energía hidroeléctrica en Brasil, su principal fuente, como resultado de la peor sequía de los últimos 91 años en las cuencas sur y sureste del país, incluida la del río Paraná.
Según la nueva ley, las acciones de Eletrobras cotizarán en la Bolsa de Valores de San Pablo y el Estado se quedará con entre el 4 y el 5% de las acciones.
Bolsonaro también ha prohibido que quienes sean despedidos adquieran acciones de la empresa a un precio de descuento como parte def su indemnización y también ha derogado la cláusula que les permitía ser contratados por otras empresas o entidades públicas relacionadas con la energía .
El Mandatario además vetó una disposición por la cual el Senado debe evaluar a los directores del Sistema Operador Eléctrico Nacional, responsable de coordinar toda la red de generación y transmisión del país.
La venta de Eletrobras se realiza a través de un paquete accionario, como también sucedió con el gigante de estaciones de servicio Petrobras, denominado BR Distribuidora, hoy en manos de fondos de inversión que poseen la mayoría de las acciones.
El primer intento de privatizar Eletrobras había sido entre 2016 y 2018 durante la administración de Michel Temer, cuya agenda para la venta de activos públicos se profundizó con la llegada de Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal de la Escuela de Chicago que reivindica a Ronald Reagan, Margaret Thatcher y también Augusto Pinochet, para quien trabajó en Chile en los años ochenta.