Las autoridades electorales de Perú completaron el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, luego de lo cual se determinó que el candidato de izquierda Pedro Castillo había terminado unos 44.000 votos por delante de la populista de derecha Keiko Fujimori.
Con poco menos de 18 millones de votos, el conteo por sí solo no es suficiente para declarar a Castillo ganador debido a las apelaciones legales de Fujimori sobre el resultado en algunos colegios electorales, basada en irregularidades sobre las cuales las autoridades electorales ahora deben emitir un juicio.
Castillo obtuvo el 50,125% de los votos frente al 49,875%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, para que Castillo sea proclamado presidente electo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún tiene que decidir sobre la nulidad de votos en cientos de estaciones presentadas por ambas partes por supuestas irregularidades en el acta respectiva.
El fin del estricto escrutinio se produjo en un clima de tensión creciente, provocado por la decisión de las partes contendientes -especialmente Fujimori- de hacer cumplir la mayoría de esas solicitudes, que, según el JNE, se presentaron fuera del plazo legal.
En vista de la exigua diferencia que, en términos prácticos, hará casi imposible gobernar sin problemas a quien sea declarado ganador, muchas fuerzas políticas ya han presionado para la anulación de todas las elecciones y un llamado a nuevos comicios. Pero esa alternativaha sido ampliamente rechazada.
Perú llegó a este proceso electoral en su peor crisis política del siglo, que consumió a cuatro presidentes y dos legislaturas en lo que va del quinquenio actual, que finaliza el 28 de julio. Esa crisis fue alimentada por la pandemia de coronavirus, que provocó una aguda contracción de la economía.
Mientras tanto, líderes y organizaciones indígenas y campesinas fueron llegandp a Lima en apoyo a Castillo, provenientes de todo el Perú rural, para asegurarse de que se respete su voluntad en forma de votos, al considerar las peticiones de nulidad de la candidata mujer de etnia japonesa. una forma de racismo y discriminación.
El partido Fuerza Popular de Fujimori centró sus reclamos en colegios electorales de las zonas rurales donde los votos a favor de ella fueron cero -lo que dicen que no es estadísticamente creíble- y bien puede explicar la brecha final de 44.000 votos.
Los políticos especulan que si una decisión no agota todos sus posibles recursos legales antes del 28 de julio, el presidente del Parlamento debería asumir el Poder Ejecutivo y convocar a nuevas elecciones, razón por la cual se espera que Fujimori haga todo lo posible para lograr al menos eso.
En este escenario, “hemos venido porque queremos la verdad, ya queremos el resultado nacional de las elecciones. Somos las rondas campesinas de Puña, de donde es el profesor Pedro Castillo. Venimos de muy lejos con nuestro propio boleto y nuestros propios recursos para defender nuestro voto”, dijo Velia Elizabeth Guerrero en Lima.
Algunas de las mesas de votación donde Fujimori no obtuvo ningún apoyo son en la región amazónica, donde viven ciudadanos de los pueblos indígenas y wampí. En un comunicado, el Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampís ha rechazado categóricamente la solicitud de la Fuerza Popular de anular sus votos. “Las mesas de votación se instalaron legal y efectivamente en las comunidades de la Nación Wampís, en las que los Wampís votamos libre y voluntariamente, y sin ningún tipo de coacción, emitimos nuestro voto en ejercicio del derecho a la participación política en las urnas, que es reconocido en el marco legal nacional e internacional”, dice un documento difundido durante el fin de semana.
Por otro lado, en una conferencia realizada por líderes campesinos e indígenas en Lima, conectados por internet con aymaras del Altiplano y apus (jefes indígenas) de la Amazonía, se declararon en alerta permanente para hacer cumplir sus votos y sus comunidades y organizaciones si fuera necesario. “Este es un juego crudo de Fuerza Popular, confunde a la población peruana. Con estas declaraciones de los asesores de Fujimori, de contenido racista, dicen que la serranía ha llenado las actas a su antojo. Continúan tratándonos como personas de segunda categoría en el siglo XXI. Estamos cansados de eso: lo hemos visto en todos. Esta campaña da desprecio a los pueblos indígenas. Si no se respeta el voto rural, avanzaremos a una medida de lucha, de momento vamos a esperar el resultado de las nulidades”, dijo Víctor Maita, presidente de la Confederación Nacional Agraria y agricultor en su Cusco natal.