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Unidas Podemos exige ventilar “negocios turbios” del rey emérito Juan Carlos I
El monarca habría cobrado comisiones ilegales por sus gestiones para que empresas españolas se adjudicaran contratos en Arabia Saudita. Los supuestos negocios turbios del rey emérito Juan Carlos I provocaron un nuevo revuelo político en España, después de que el partido Unidas Podemos se desmarcó de sus socios socialistas y presentó formalmente un pedido al Parlamento para que investigue las actividades de lobby del monarca, a quien su ex amante denunciará en el Reino Unido por “amenazas”, mientras la Justicia española reclamó información sobre el tema a Suiza.
La empresaria alemana Corinna Larsen, con la que Juan Carlos I mantuvo una relación extramatrimonial, anunció que denunciará ante la justicia británica al monarca emérito por el acoso que asegura sufre desde su ruptura en 2012 y que estaría destinado a evitar que revele los “secretos de Estado” que presuntamente tiene en su poder.
Así lo aseguró un vocero de la aristócrata al portal Eldiario.es, después del nuevo escándalo a partir de una investigación de la Fiscalía de Suiza de una “donación” que recibió del padre de Felipe VI y que estaría relacionada con un dinero que el monarca cobró por comisiones ilegales por sus gestiones para que empresas españolas se adjudicaran contratos en Arabia Saudita.
A raíz de esta información y a pesar de la oposición del Partido Socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, sus socios de UP, el partido que lidera el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mostraron su firme voluntad de acabar con la opacidad que ha existido en torno a las finanzas del rey Juan Carlos durante las casi cuatro décadas de su reinado, que terminó en 2014.
Esta es la cuarta vez que algunos partidos políticos intentan investigar a la monarquía por supuesta corrupción.
En todas las anteriores ocasiones las iniciativa se cayó debido a el rey goza de “inviolabilidad”, según la Constitución española, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Este es el argumento que utilizó el PSOE para no acompañar la iniciativa, de acuerdo con la vocera socialista Adriana Lastra.
Sin embargo, en su solicitud UP destaca que las últimas informaciones apuntan a que los delitos que pudo haber cometido el rey Juan Carlos, entre ellos un posible blanqueo de capitales, no se descarta que “se estén ejecutando actualmente o se hubiese ejecutado con posterioridad a su abdicación”, es decir, cuando dejó de ser inviolable.
El nuevo pedido está relacionado con información publicada esta semana en Suiza, respecto a una investigación de la Fiscalía del país helvético contra el monarca, quien habría recibido una donación en 2008 de 100 millones de dólares de parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudita, Abdullah bin Adul Aziz Al Salud.
Parte de ese dinero, unos 80 millones de euros, fueron a su vez transferidos por el rey a la aristócrata y empresaria Corinna Larsen, con quien en ese entonces mantenía una relación extramatrimonial, informaron varios medios españoles.
De acuerdo con la investigación suiza, estos movimientos podrían estar relacionados con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas españolas en Arabia Saudita.
Los abogados de Larsen lo niegan y aseguran que el dinero es un “obsequio” del monarca para ella y su hijo.
Ante esta información publicada en la prensa, la Fiscalía anticorrupción española remitió una comisión rogatoria a Suiza para conocer formalmente los detalles de la investigación, destacó UP en su escrito, que fue acompañado por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Este nuevo escándalo en torno a la presunta corrupción que rodea a la monarquía puede abrir un nuevo frente de confrontación en el gobierno de coalición español, ya que los socialistas cerraron la puerta a la investigación del monarca.
“En una democracia sana y moderna no cabe la utilización de la más alta institución del Estado con finalidades corruptas y de enriquecimiento masivo. Si ha sido así, la ciudadanía tiene derecho a saberlo y las instituciones del Estado el deber de investigarlo, determinar las responsabilidades políticas que se deriven y proponer e implementar medidas que eviten que se repitan en el futuro”, dijo UP en su escrito.
