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Cruceros Carnival demandada por el uso de puertos en Cuba expropiados en 1959
Las demandas son las primeras amparadas en una reciente decisión del gobierno del presidente Donald Trump de activar un artículo de la ley del embargo a Cuba La empresa estadounidense de cruceros Carnival fue demandada en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.
Las demandas son las primeras amparadas en una reciente decisión del gobierno del presidente Donald Trump de activar un artículo de la ley del embargo a Cuba a fin de afectar la inversión extranjera en la isla comunista y propiciar así un cambio político.
Conocida como título III de la ley Helms-Burton, de 1996, esta sección habilita a los estadounidenses y a los cubanos nacionalizados estadounidenses a demandar a cualquier compañía que crean que lucra con propiedad confiscada en Cuba.
Desde que se aprobó la ley, cada presidente mantuvo suspendido el Título III debido a objeciones de aliados de Estados Unidos que tienen intereses en Cuba y por su potencial efecto sobre futuros acuerdos negociados entre Washington y La Habana.
La decisión del mes pasado de Trump de activar el artículo promete elevar las tensiones con la Unión Europea (UE), que aglutina la mayoría de las compañías amenazadas.
La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, lamentó “profundamente” la plena aplicación de la ley y consideró que “debilita” la asociación transatlántica.
Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea y Mickael Behn, herederos de familias que eran dueñas de puertos en La Habana y Santiago de Cuba.
Esos mismos puertos ahora son usadas por Carnival y otras empresas de crucero que comenzaron a viajar a la isla en 2016 en virtud del histórico deshielo en las relaciones bilaterales iniciado por el ex presidente Barack Obama, el antecesor de Trump.
García Bengoechea dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, mientras que la familia de Behn, originaria del estado de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que fue confiscada.
En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami y bajo la lluvia, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación.
Behn se mostró muy emocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad “robada” a su abuelo. “Gracias a la 'Ley Libertad' podemos demandar”, subrayó Behn.
Portavoces de Carnival se limitaron a señalar: “Continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba”.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han “certificado” 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares. Con los intereses desde hace más de 60 años, los montos ascenderían a US$ 8.521 millones. Pero además hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.
Según dijo esta semana el abogado Nicolás Gutiérrez, que está a cargo de la demanda de García Bengoechea a Carnival, tanto su cliente como Behn han cumplido ya con una suerte de mecanismo de conciliación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece y no es obligatorio pero sí “recomendable”.
