MercoPress. South Atlantic News Agency
Corrupción desatada: Denuncian al gobierno de Venezuela de enriquecerse con fondos de ayuda
El gobierno de Nicolás Maduro estaría siendo respaldado con presuntas redes de financiamiento ilícitas 
Otra de las denuncias fue el supuesto robo de fondos públicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
PDVSA tiene funcionando 25 de los entre 40 y 50 taladros petroleros que deberían trabajar para lograr niveles productivos aceptables. Según un panel de inteligencia financiera que se reunió este viernes en Cartagena, Colombia, en Venezuela, el gobierno de Maduro “usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social”.
Un grupo de inteligencia financiera de Estados Unidos, Colombia, México y Panamá denunció en la reunión la existencia de pruebas de que el gobierno de Venezuela utiliza el suministro de alimentos y la ayuda humanitaria para ejercer control social en el país.
Estas denuncias entran en un marco de investigación que dio la iniciativa a un proyecto contra la corrupción, originado en el llamado Grupo de Lima, por lo que se definen como una de las líneas de acción que ha derivado del trabajo que han realizado desde esa iniciativa internacional.
El comunicado del grupo que trató sobre el caso de Venezuela específicamente fue leído el viernes por el director de la unidad financiera de Colombia, Juan Espinoza, y lleva por título: Declaración Conjunta sobre la lucha contra la corrupción venezolana.
Según los participantes, el gobierno de Nicolás Maduro estaría siendo respaldado con presuntas redes de financiamiento ilícitas, por lo que acordaron ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información sobre estos casos, enfatizando la importancia de una coordinación internacional para combatirlas.
Otra de las denuncias fue el supuesto robo de fondos públicos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), hecho que condenaron los ministros de hacienda de los cuatro países que asistieron al encuentro.
Los CLAP son comités de distribución de alimentos promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2016, en los cuales las propias comunidades abastecen y distribuyen los alimentos prioritarios a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa. Sin embargo, han surgido numerosas investigaciones sobre el tema, denunciando la existencia de negocios multimillonarios en los que personajes cercanos al presidente venezolano están presentes en contratos de venta de alimentos no aptos para consumo humano desde exterior.
Estos comités también han sido denunciados de ser un mecanismo politizado que excluye a personas que no apoyen al gobierno.
Venezuela enfrenta una grave crisis política, económica y social con escasez de alimentos, medicinas y una hiperinflación que ha provocado la salida de miles de ciudadanos hacia Colombia y otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Debido a la poca inversión y a las intervenciones en el extranjero por falta de pagos a la estatal petrolera, PDVSA, la producción petrolera venezolana, otrora una de las mas fuertes del planeta, está cayendo en picada, teniendo funcionando solo 25 de los 50 taladros petroleros que deberían estar funcionando para lograr niveles productivos aceptables.
La labor destructiva de la empresa (PDVSA) fue completada por la colosal corrupción que en tres lustros volatilizó 635.000 millones de dólares. Venezuela suma a estos males una deuda externa que ronda los 170.000 millones de dólares.
PDVSA debería mantener activos entre 40 y 50 taladros petroleros. El general Manuel Quevedo, presidente de PDVSA desde que fue nombrado por el presidente Maduro este año, ha ordenado oficiar una misa solemne en la sede de usos culturales de la estatal rogando a Dios que obre el milagro de que ninguno de los 25 taladros aún operativos se detenga.
El general Quevedo, dentro de la “cursilería militar”, obsequió propiciatoriamente al capellán del ejército varios frasquitos con muestras de crudo de la Faja del Orinoco, hoy llamada Faja Petrolífera Hugo Chávez.
Por otro lado, el informe “Opacidad: la regla impuesta desde el alto gobierno” de la ONG Transparencia Venezuela, destaca que el silencio ha sido fomentado por la existencia de instrumentos legales que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública; así como el Poder Judicial ha restringido este derecho al emitir criterios que impiden a los ciudadanos tener acceso a información.
