El comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes una investigación internacional de “atrocidades” contra los DDHH en Venezuela. El alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, criticó la negativa del gobierno venezolano a investigar a los funcionarios de seguridad sobre presuntos homicidios y ejecuciones sumarias denunciadas por distintas organizaciones de los Derechos Humanos.
La Oficina de Alto Comisionado publicó el viernes su segundo informe a distancia, dado que las autoridades le deniegan el acceso al país, sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.
El hecho de no responsabilizar a las fuerzas de seguridad por tan graves violaciones de los derechos humanos sugiere que el Estado de derecho está virtualmente ausente en Venezuela, dijo Zeid Ra'ad Al Hussein, mientras su oficina divulgaba un nuevo informe sobre abusos reportados en la crisis.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) –un plan policial iniciado el 13 de julio de 2015 por el presidente Nicolás Maduro– entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.
Para la ONG venezolana, PROVEA, las OLP se caracterizan por definir a los presuntos delincuentes como enemigos a liquidar, convirtiendo las ejecuciones policiales en política gubernamental.
Según PROVEA, la operación policial convirtió el atropello contra los más pobres en los barrios en un propósito. El ministro del interior, Néstor Reverol, en el primer año de esos operativos daba cada día los “partes de guerra” y entre más bajas anunciaba más exitoso consideraba el operativo. La muerte así se convertía en símbolo del triunfo. Que lejos de la filosofía de la reforma policial que reivindicaba el respeto a la vida como Misión.
La Fiscalía General de Venezuela registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.