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Informe de intervención militar en Rio: 20% de denunciados son agentes de la ley
“No existen planes de ocupaciones permanentes”, afirmó el comandante militar Walter Braga Netto en su primera rueda de prensa 
El oficial dijo que reforzarán el sistema de seguridad de Río con acciones puntuales y por tiempo determinado, para recuperar la capacidad operativa de la Policía. El general del Ejército Walter Braga Netto, que asumió el comando de la seguridad en Río de Janeiro, descartó que los militares pretendan hacer ocupaciones permanentes de favelas dominadas por pistoleros.
“No existen planes de ocupaciones permanentes”, afirmó el comandante militar en su primera rueda de prensa, en la que ofreció pocos detalles sobre las operaciones que realizarán los militares para detener la ola de criminalidad que afecta este estado desde los Juegos Olímpicos de 2016.
El oficial, que no anunció planes ni operaciones, agregó que los militares reforzarán el sistema de seguridad de Río con acciones puntuales y por tiempo determinado, ya que la intención de la intervención es recuperar la capacidad operativa de la Policía.
“El objetivo es lo que está en el decreto presidencial: recuperar la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública y bajar los índices de criminalidad”, afirmó en una rueda de prensa de menos de 30 minutos que dejó muchas dudas.
“La intención es recuperar la credibilidad de la Policía. Necesitamos que los órganos de seguridad entiendan la intervención como una oportunidad para ayudarlos a superar los problemas que enfrentan”, agregó Braga Netto, e insistió en que su objetivo es reforzar y equipar a la Policía, actualizar y mejorar los salarios de los agentes e invertir en seguridad.
La intervención en la seguridad de Río de Janeiro, una medida inédita desde la promulgación de la constitución de 1988, fue decretada por el presidente Michel Temer el 17 de febrero y refrendada después por la Cámara de Diputados y el Senado.
La decisión cede a los militares el control de la seguridad en el estado de Río hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y 10 niños alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
“No voy a negar que hay violencia en Río de Janeiro, pero hay que dejar claro que el sistema de seguridad está pasando por dificultades pero no dejó de funcionar”, afirmó.
Al ser interrogado sobre la corrupción policial, el general afirmó que su intención es “fortalecer los órganos de fiscalización y tomar las medidas necesarias para que el buen profesional sea valorizado y el malo penalizado”.
Según estadísticas divulgadas la víspera por la Fiscalía, el 20% de las 5.219 personas denunciadas en los últimos años por vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro son miembros de organismos de seguridad.
En efecto según dicho informe el 20% de los denunciados por vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro son agentes brasileños que pertenecen o pertenecieron a algún organismo de seguridad.
Las estadísticas, divulgadas por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público del estado Río de Janeiro (Gaeco/MPRJ), señalan que de las 5.219 personas denunciadas, 1.032 son agentes de la ley activos o retirados.
Las denuncias fueron por vinculación al narcotráfico, participación en milicias (grupos paramilitares), lavado de dinero, homicidios y fraudes en licitaciones públicas.
De acuerdo con los datos del Gaeco/MPRJ, el crimen no corrompe sólo a los policías que trabajan en las calles sino que también incluye a los agentes responsables por las investigaciones, a los miembros de centros penitenciarios y hasta a los bomberos.
La mayoría de las denuncias involucró a agentes activos o retirados de la policía militarizada (826), seguidos por miembros de la policía judicial (158), bomberos (38), miembros de las Fuerzas Armadas (5), agentes penitenciarios (3) y policías federales (2).
La lucha contra la corrupción en las autoridades policiales y en el sistema penitenciario es una de las prioridades de la intervención federal en la seguridad de Río.
La intervención cede al ejército el comando de las tareas de orden público para frenar la ola de violencia que azota a Río de Janeiro desde los Juegos Olímpicos de 2016.
