Uno de los ejecutivos de Odebrecht que aceptó colaborar con la Justicia, confesó que la mayor contratista de Brasil invirtió 700.000 reales (unos US$ 225.800) en unas obras en una casa de campo que era usada por el ex Presidente Lula da Silva.
El ingeniero Emyr Costa, que era ejecutivo de Odebrecht Ambiental, confesó en el testimonio que rindió ante la Justicia que la empresa le pidió coordinar las obras en una casa de campo usada por el ex jefe de Estado y que le entregó inicialmente 500.000 reales (unos US$ 160.000) en efectivo para que pagara las cuentas.
Nunca había manejado una obra de una casa con sumas de esa naturaleza. Compré una caja fuerte y la coloqué dentro de un armario en la sala de mi casa. Sacaba semanalmente cerca de 100.000 reales y los colocaba en un sobre que entregaba a la persona que hacía los pagos, afirmó Costa en un nuevo vídeo de las delaciones de Odebrecht divulgado hoy por diferentes portales en internet.
En uno de los cinco procesos que ya enfrenta por corrupción, Lula es acusado de recibir diferentes beneficios ilícitos de Odebrecht, como las obras en la casa de campo, a cambio de favorecer a la constructora en contratos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht aceptó realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia, ciudad en el interior del estado de Sao Paulo, que la familia del ex Gobernante visitaba con frecuencia.
La constructora realizó mejorías en la residencia, construyó una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyó obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos del ahora exjefe de Estado, a los que la Fiscalía considera como testaferros de Lula.
Costa relató que la empresa le dio un plazo de un mes para realizar las obras y que tuvo que forzar un contrato para justificar las mejorías financiadas por Odebrecht.
Los fiscales del caso saben hace más de un año que la casa de campo frecuentada por el expresidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció, respondió el Instituto Lula en un comunicado en que se refirió a las nuevas acusaciones.
Los fiscales también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble. Lula no tiene nada que esconder porque no hizo nada ilegal, agregó el Instituto Lula, que ha insistido en restarle valor a las acusaciones con el argumento de que, pese a que la utilizaba frecuentemente, la casa de campo no está a nombre del ex mandatario.
El delator de Odebrecht aseguró que fue el propio abogado de Lula, Roberto Teixeira, el que le pidió redactar un contrato falso para justificar las obras realizadas en la casa de campo sin que figurasen como responsabilidad de Odebrecht.
Según su testimonio, Teixeira pidió que Odebrecht subcontratase una empresa menor para que apareciese como responsable por las obras y que colocase en el contrato un valor muy inferior al invertido, de 150.000 reales (unos US$ 48.387), ya que los propietarios no tendrían cómo justificar el origen de esos recursos.
”Yo fui (a la reunión en que fue firmado el contrato) para asegurarme que no apareciese que había sido hecho por Odebrecht en beneficio de Lula y que fuese colocado un valor más bajo, compatible con la renta de Bittar”, relató.
Costa fue uno de los 77 ex ejecutivos de Odebrecht que se sumó al acuerdo de colaboración con la Justicia por el que delataron todo lo que sabían sobre las corruptelas de la empresa a cambio de reducciones en sus futuras condenas.
Las delaciones de Odebrecht llevaron a la Corte Suprema a anunciar la semana pasada la apertura de investigaciones contra 98 políticos aforados acusados de recibir sobornos, favores o donaciones electorales ilegales de la constructora.
Entre los políticos que serán investigados por la máxima corte figuran ocho ministros del Gabinete del presidente Michel Temer, cinco ex Presidentes, tres gobernadores y un tercio del Senado y decenas de miembros de la Cámara de Diputados.