El gobierno de Perú prorrogó este jueves la intervención de las Fuerzas Armadas durante un mes más en la provincia de Islay, de la región sureña de Arequipa, donde las protestas contra el proyecto minero Tía María, del Grupo México, dejaron cuatro muertos en mayo, entre ellos un policía, y más de 300 heridos.
Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano extendió la presencia de los militares hasta el 20 de septiembre para apoyar a la Policía en su misión de mantener el orden interno en la provincia.
El objetivo de las Fuerzas Armadas seguirá siendo “asegurar el control interno y evitar actos vandálicos o de violencia con ocasión de movilizaciones de la población”.
El documento remarcó que la actuación de los militares se centrará en garantizar los derechos a la libertad y seguridad personales, a la paz y tranquilidad, y a la libertad de tránsito y de vías.
También se encargarán de asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y de resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población.
El estado de emergencia en Islay fue levantado el 22 de julio, por lo que la presencia de los militares no implica la restricción ni la suspensión de derechos fundamentales como el de reunión.
El proyecto Tía María, propiedad de la minera Southern Copper, filial del Grupo México, se encuentra suspendido de manera indefinida después de que la empresa decidiera hacer una pausa en mayo para informar a la población, así como para esclarecer las dudas de la población sobre el Estudio de Impacto Ambiental.
Southern contempla una inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.