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La corrupción en el sistema político de Brasil preocupa a la dirigencia partidaria
“La reforma no puede pasar de este año. Si no se hace este año, podremos olvidarla”, dijo Temer en un discurso ante la poderosa FIESP El vicepresidente de Brasil, Michel Temer propuso que este año sea aprobada con carácter “urgente” una reforma política que acepte la financiación privada de las campañas políticas, pero sugirió que las empresas sean obligadas a apoyar apenas a un candidato.
“La reforma no puede pasar de este año. Si no se hace este año, podremos olvidarla”, dijo Temer en un discurso ante empresarios en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), la mayor patronal del país.
La propuesta de Temer, titular del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), principal fuerza aliada de la presidenta Dilma Rousseff, es que el actual Congreso haga la reforma política que podría entrar en vigor dentro de ocho años, una vez terminados los actuales mandatos legislativos.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff defiende una reforma constitucional con una Asamblea Constituyente que lleve adelante los cambios en el funcionamiento de la política en el país, una de las demandas más claras de todos los sectores sociales.
Al contrario del PT, que defiende la financiación pública de las campañas electorales, Temer propuso que las empresas privadas puedan aportar a las campañas pero de apenas un candidato o un partido.
“El financista no lo hace en forma ideológica o de identificación, sino que financia a todos los partidos porque quiere estar con el Gobierno”, evaluó.
Temer criticó el actual sistema al afirmar que se “hizo banal” la fundación de partidos políticos y entre sus iniciativas está la de reformar la forma de elección de diputados y de legisladores municipales.
“Para más adelante -destacó el vicepresidente- se podría ver el tema de la reelección, que podría anularse y dejar un mandato de cinco o seis años, pero eso no sería parte de esta reforma para este año”.
Para Temer, una eventual reforma política hecha por el actual Congreso podría entrar en vigor dentro de ocho años, algo que, juzgó, “es muy poco para la vida de un país”.
Las irregularidades en la financiación privada de campañas políticas fue objeto de investigación en el llamado “juicio del siglo”, ocurrido en el primer mandato de Luiz Inacio Lula da Silva, y ahora vuelve a tomar fuerza en el actual proceso por una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
