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Allanamiento de empresa hotelera de Cristina Fernández deriva en polémica política y judicial
Hotesur es gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, en Santa Cruz, de la cual la presidenta argentina es accionista. 
El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, aseguró que al Gobierno “le molesta que los jueces cumplan con su tarea”. La acusación del Gobierno argentino de que existe un “golpismo activo” por el allanamiento judicial de una empresa hostelera de la que es accionista la presidenta, Cristina Fernández, desató una fuerte polémica, con duras respuestas de parte de magistrados y la oposición.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, aseguró que al Gobierno “le molesta que los jueces cumplan con su tarea”.
El pasado jueves el juez Claudio Bonadío allanó la sede en Buenos Aires de la empresa Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz), de la cual la presidenta argentina es accionista.
El allanamiento se realizó a raíz de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, investigado por la Justicia.
El viernes pasado el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo en rueda de prensa que el allanamiento “significa un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al Gobierno nacional, por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”.
El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que “si Bonadío actúa como lo ha hecho es porque también hay un fiscal que le pide que lo haga”.
“Deberían preocuparse porque los jueces tengan todos los elementos de la fuerza pública para cumplir su cometido”, sostuvo Cabral, en declaraciones.
Por su parte, Gabriela Vázquez, titular del Consejo de la Magistratura, órgano a cargo del nombramiento y la destitución de jueces, opinó que “lo que dijo el jefe de Gabinete es una barbaridad”.
“Viniendo de un funcionario de tan alta jerarquía, es una presión muy fuerte a la independencia del Poder Judicial”, dijo Vázquez en declaraciones a La Nación.
En tanto, Margarita Stolbizer insistió hoy en pedir que se investigue “qué hay atrás del ocultamiento” de datos sobre los balances contables de Hotesur. En declaraciones a una radio, la diputada sugirió que la empresa podría ser utilizada “para encubrir el dinero que proviene de otros delitos y eso es lavado de dinero”.
“Puede ser plata de la corrupción”, advirtió la legisladora opositora.
A la polémica se sumó además hoy el militante kirchnerista Luis D’elía, quien a través de su cuenta en la red social Twitter pidió la destitución del juez del caso y dijo “no al golpe de la mafia judicial”.
