El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos recibirá este viernes a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la ciudad de Cartagena (norte) para celebrar una reunión en la que tendrá especial relevancia el contrabando fronterizo, intensificado por la crisis económica de Venezuela.
El Centro Democrático, partido liderado por el ex-presidente y senador Alvaro Uribe, rechazó la visita que hará el viernes a Colombia el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que su Gobierno viola los derechos humanos, ha protegido a las FARC y perseguido a los opositores.
Sobre la mesa figurará de forma destacada la agenda económica entre ambos países, y muy especialmente el contrabando de productos y alimentos básicos que se desarrolla en la frontera, según confirmaron fuentes oficiales desde Caracas.
Y es que, según el Gobierno de Maduro, el problema del contrabando está incrementando decisivamente la escasez de productos básicos en Venezuela, que ya alcanza el 29 %, lo que hace que sea difícil para la población encontrar alimentos básicos.
El sistema de subsidios en Venezuela, que rebaja el precio de estos productos, provoca en última instancia que grupos contrabandistas los consigan antes que la ciudadanía para luego revenderlos a mayor precio en territorio colombiano.
Prueba de ello son las 31 toneladas de alimentos básicos, así como carne y pescado, que la policía aduanera de Colombia ha incautado solo este mes en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
El problema ya fue abordado por Santos y Maduro en febrero pasado, en la ciudad venezolana de Maracaibo, donde dejaron “listos un conjunto de decisiones para emprender la lucha contra el contrabando”, dijo el Ejecutivo venezolano.
Sin embargo, las protestas callejeras contra el Gobierno de Maduro, que se iniciaron a principios de año, “dilataron” las medidas tomadas “contra ese flagelo”, explicó ayer el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua.
Entre las posibles decisiones que se tomen a este respecto en la reunión de Cartagena se encontraría el reimpulso del plan acordado en febrero, que incluye la creación de centros binacionales de operaciones contra el contrabando y un sistema de intercambio de información para desarticular estructuras que operan esa actividad.
Asimismo, también se plantea integrar y coordinar el procedimiento administrativo y judicial entre las fiscalías generales de cada país.