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Argentina ataca con dureza a Griesa y afirma que “el Juez no resolvió nada”

Miércoles, 23 de julio de 2014 - 09:55 UTC
La presidenta argentina, Kicillof y su equipo estuvieron reunidos horas luego que el Juez Griesa rechazara reimponer la medidas cautelares  La presidenta argentina, Kicillof y su equipo estuvieron reunidos horas luego que el Juez Griesa rechazara reimponer la medidas cautelares

Argentina reaccionó con dureza ante la decisión este martes del Juez Thomas Griesa de negarle la reimposición de la medida cautelar, con la esperanza de poder cumplir con el pago a los bonistas re-estructurados. Por el contrario el juez de Nueva York ordenó a Argentina y los holdouts que se reúnan a partir de este miércoles, con el mediador Daniel Pollack, y no se levanten hasta tanto llegar a un acuerdo.

 En un comunicado hecho público luego de varias horas de reunión del equipo económico de Axel Kicillof con la presidenta Cristina Fernández, el ministerio de Economía asegura que “el juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando”. También reclamaron a los holdouts un seguro que garantice que el país no se vería afectado por la cláusula financiera conocida como RUFO.

”El juez Thomas Griesa convocó a una audiencia en el día de hoy en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte por: Euroclear y Clearstream, Citibank, BONY, JP Morgan, Bonistas europeos (Eurobondholders), Fondos buitres (NML)“, señala el comunicado.

”Sin embargo -continúa el documento del ministerio de Economía-, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro“.

Economía destacó también que la Argentina ”reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles“.

En cambio, los fondos buitres, señaló Economía, ”sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores“.

Luego de recordar que el 26 de junio Argentina intentó cancelar un vencimiento de deuda, cosa que fue bloqueada por el juez, el comunicado agrega que ”Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar “default”, repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA).

Allí, Economía no se priva de calificar a los fondos buitres. “Son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes”, señaló.

“Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, concluye el comunicado.