La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la apertura de “un nuevo ciclo” en la relación con los pueblos indígenas de su país, con el objetivo de “saldar la deuda histórica” que el Estado tiene con ellos. Chile ha sido reiteradamente observado en foros internacionales a propósito de sus relaciones con los pueblos aborígenes.
La mandataria hizo el anuncio al dar a conocer en el Palacio de La Moneda, sede de Gobierno, una Agenda para los Pueblos Indígenas, sustentada en tres pilares: “la urgente necesidad de dar participación política a los pueblos indígenas en el Congreso, contar con una adecuada institucionalidad y fomentar el desarrollo territorial, fortaleciendo la compra de tierras”.
“Tendremos más presupuesto y poder para el fortalecimiento del programa de compras de tierras. Ya hemos desarrollado el catastro que nos permitirá comprar tierra y en los próximos días anunciaremos una agenda indígena completa”, afirmó la mandataria.
Confirmó además que tras un proceso de consulta con las comunidades se enviarán al Parlamento proyectos de ley para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Consejo de Pueblos Indígenas y un Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Ese proceso, enmarcado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durará seis meses y culminará con un informe que será de conocimiento público, dijo Bachelet.
Precisó que la consulta tendrá cinco etapas: planificación, información (de las medidas), deliberación interna de las comunidades, búsqueda de acuerdos entre Gobierno y las comunidades y un informe detallado de todo el proceso.
Las actuales autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas calcularon hace unas semanas en 17,3 millones los habitantes de Chile, tras anunciar que un censo efectuado en 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera deberá repetirse abreviado en 2017 por sus numerosos errores.
En ese contexto, según el censo del 2002, el último válido oficialmente, un 4,6 % de la población chilena, equivalente en ese entonces a 692.192 personas, pertenecía a alguno de los ocho pueblos originarios reconocidos.
La mayor parte de esa población (87,3 %) corresponde a mapuches, un 7,0 % son aymaras y un 3,0 % a atacameños; el resto se divide entre quechuas (0,9 %), rapanui (0,7 %), collas (0,5 %), alacalufes (0,4 %) y yámanas (0,2 %).
En la sureña región de la Araucanía, donde viven la mayoría de los mapuches, existe desde hace varios años un conflicto entre comunidades que reclaman tierras ancestrales y empresas forestales o agrícolas que las poseen legalmente.
El conflicto ha dejado una secuela de comuneros, policías y agricultores muertos en hechos de violencia, propiedades, bosques, maquinarias y vehículos incendiados y varias decenas de mapuches procesados y condenados.
La compra de tierras y su entrega a las comunidades ha sido una de las herramientas empleadas por los Gobiernos para tratar de aquietar las aguas del conflicto.
“Ya hemos desarrollado el catastro que nos permitirá comprar tierras en los próximos cuatro años”, aseguró Bachelet.
Remarcó hoy que “estamos en el momento para ampliar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Con los años, el país ha ido disipando las desconfianzas y estamos en el momento de cumplir los compromisos adquiridos”.
Subrayó en ese contexto que la agenda propuesta “no la construirá el Gobierno solamente, sino que será producto del trabajo conjunto”.
“Dije cuando era candidata que Chile tenía una deuda con el Chile multicultural. Y para eso estamos trabajando todos los días”, concluyó.