Gobierno de Cuba dio luz verde a un conjunto de normativas que otorgan “más independencia y autonomía” a las empresas estatales de la isla, flexibilizan la comercialización, la distribución de utilidades y descentralizan decisiones.
Las nuevas directivas que entran en vigor tras su publicación este lunes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, incluyen cambios para el trabajo de las empresas, como parte de los reformas emprendidas por el Ejecutivo de la isla para actualizar su modelo económico socialista.
A partir de ahora, las empresas vinculadas al sistema de perfeccionamiento podrán vincular el pago de salarios a los resultados en busca de hacerlas “más eficientes y competitivas”, y de esa forma eliminar restricciones administrativas para la formación de las remuneraciones de los trabajadores en el sector.
Además, se generaliza la posibilidad de distribuir utilidades entre los trabajadores como estímulo por la eficiencia económica, siempre y cuando tengan una auditoría financiera con resultados satisfactorios o aceptables en los últimos 18 meses y se cumplan los indicadores directivos.
También se les permitirá retener hasta el 50 % de las utilidades, lo que representa un 20 % más de lo que hasta ahora estaba establecido.
En ese sentido, las reglas disponen que las reservas que se creen se utilicen para incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigaciones y capacitación, así como para amortizar créditos bancarios.
De igual manera, en las nuevas relaciones financieras las empresas no tendrán que aportar la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores.
La jefa de área de perfeccionamiento de entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de las reformas gubernamentales, Grisel Tristá, resaltó que las empresas tienen la facultad de decidir qué actividades secundarias y de apoyo derivadas de su objeto social están en condiciones de realizar.
La funcionaria precisó que después de cumplir con su encargo estatal, las entidades podrán comercializar sus excedentes productivos al precio mayorista que fije la relación entre la oferta y la demanda.
Estas medidas forman parte de las reformas emprendidas por el Gobierno de los hermanos Castro para “actualizar” el modelo cubano, con un plan donde la empresa socialista se considera la principal forma de la economía de la isla.
Otras de las reformas recientes de ese plan han sido la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera y la creación de la primera Zona Especial de Desarrollo en el puerto de Mariel, con el fin de dinamizar la frágil economía de la isla.