Los cinco candidatos principales han incorporado la salud a sus programas, aunque con propuestas frecuentemente limitadas a consignas generales
Colombia celebrará este domingo 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se definirá la sucesión del presidente Gustavo Petro para el mandato 2026-2030, con un padrón de 41.287.084 votantes y la salud convertida en la principal preocupación del electorado, según las encuestas. El sistema sanitario nacional atraviesa la crisis más grave en décadas: las farmacias niegan medicamentos, los hospitales cierran servicios y las consultas de especialistas se posponen indefinidamente. Una eventual segunda vuelta se celebraría el 21 de junio en caso de que ninguno de los catorce candidatos supere el 50% de los votos.
Una encuesta de la firma Guarumo publicada en febrero ubicó a la salud como el problema más grave del país para el 25% de los ciudadanos, por encima de la inseguridad (15,9%), la corrupción (15,4%) y el costo de vida (11,1%). Una segunda medición del Centro Nacional de Consultoría difundida a principios de mayo registró que el 37,1% considera que la salud debe ser el principal eje del próximo presidente. Las peticiones, quejas y reclamos de los pacientes ante la Superintendencia de Salud pasaron de 915.000 en 2021 a 2,1 millones en 2025, mientras que las acciones de tutela por vulneración del derecho a la salud crecieron de 92.000 a 313.000 en el mismo período, según la Corte Constitucional.
El diagnóstico transversal coincide en la gravedad del cuadro, pero las causas dividen al espectro político. El Gobierno de Petro y sus aliados atribuyen el deterioro a la corrupción de las Entidades Promotoras de Salud, las aseguradoras privadas y públicas que operan como intermediarias entre el Estado y los prestadores médicos desde la reforma de los años noventa. La oposición sostiene en cambio que la crisis responde al desfinanciamiento deliberado del sistema impulsado por el Ejecutivo. La Corte Constitucional ordenó a comienzos de 2025 ajustar la Unidad de Pago por Capitación —el monto que el Estado paga a las EPS por cada afiliado—, una decisión que el Gobierno ignoró sosteniendo que sus cálculos son correctos. Los resultados operacionales del conjunto de las aseguradoras pasaron de un déficit de 1,5 billones de pesos en 2021 a 8,7 billones en 2025, unos 2.400 millones de dólares.
El expresidente Petro, cuya reforma legislativa para eliminar las EPS se hundió dos veces en el Congreso, optó por la intervención administrativa de una decena de aseguradoras y por la redistribución de recursos hacia infraestructura hospitalaria pública. La estrategia ha cosechado escasos resultados visibles, con denuncias recurrentes de corrupción contra los propios interventores designados. La Nueva EPS, la mayor del país con 11,5 millones de afiliados y bajo intervención estatal desde 2024, no presenta balances financieros desde 2023.
Los cinco candidatos principales —el senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sucesor político de Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional; la senadora derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático uribista; el centroizquierdista Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso; y la centroizquierdista Claudia López, del movimiento Imparables y exalcaldesa de Bogotá— han incorporado la salud a sus programas, aunque con propuestas frecuentemente limitadas a consignas generales. Cepeda evade el tema y reivindica la necesidad de aprobar la reforma de Petro. Los demás aspirantes prometen rescates financieros sin detallar la fuente de financiamiento. López propuso revisar las prestaciones cubiertas por el sistema, una medida que los analistas consideran electoralmente riesgosa.
Los cinco candidatos principales han incorporado la salud a sus programas, aunque con propuestas frecuentemente limitadas a consignas generales 
