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Argentina camino a política de control de precios que incluirá 10.000 productos
El Ministro Kicillof avanza con su interpretación no ortodoxa de la economía El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández aplicará una política de control de precios a 10.000 productos de alimentos, bebidas, perfumería y de limpieza con el fin de evitar “maniobras engañosas” por parte de las empresas que afectan a los bolsillos de los consumidores, según medios oficiales de información.
Esta política de administración de precios no se circunscribirá a los 187 productos de la canasta básica que integrarán el nuevo acuerdo que comenzará a regir el 1 de enero próximo, sino también a alrededor de los 10.000 productos de alimentos, bebidas, perfumería y de limpieza, que son exhibidos en las góndolas de las 40 principales cadenas de supermercados del país y en los 80 proveedores que las abastecen.
Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Télam que “no se aplicará congelamiento de precios, sino una política de administración de los mismos, donde trabajaremos en toda la cadena, y fundamentalmente en los proveedores”, que es el eslabón donde se encontraron distintas maniobras abusivas.
Las mismas fuentes indicaron que esta política implicará “poner la lupa” en los balances de las empresas “de manera integral”, y destacaron que el Gobierno tomará todas las medidas a su alcance para que las empresas “se aboquen a cumplir con los acuerdos alcanzados, pero también para impedir que las firmas efectúen ‘avivadas’ que disparen los precios de productos similares sin fundamento económico real, y tal como se produjeron durante los últimos meses en varios casos”.
Desde el Ministerio de Economía, bajo le mando de Axel Kicillof advirtieron de que a las empresas que incumplan los acuerdos o realicen ‘avivadas’, como remarcar productos similares “con cifras exorbitantes”, se les aplicarán las “distintas figuras legales disponibles tendientes a corregir esos desvíos”, como la denuncia por abuso de posición dominante, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscalización a través de la AFIP para detectar irregularidades en los precios y los balances de las compañías, entre otras alternativas.
La información que manejará la cartera de Economía también contendrá una “radiografía completa” de las empresas en cuanto a la utilización de distintos beneficios que les da el Estado, como subsidios o créditos blandos, con el fin de persuadirlas de que cuando quieran aumentar los precios, lo hagan “por una real necesidad de costos” y no por expectativas infundadas o “avivadas”.
Finalmente se indicó que estas iniciativas no persiguen que las firmas pierdan rentabilidad, sino que mantengan una rentabilidad “razonable”. La rentabilidad del sector de alimentos y bebidas es en la actualidad de alrededor de 3,5% a 4%, levemente menor al del año 2011.
