Frente a las tensiones surgidas a raíz de la pandemia de coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logró concretar una alianza parlamentaria con sus antiguos aliados de la llamada vieja política, un concepto al que combatió en la campaña para las elecciones que ganó en 2018 y que le servirá, a cambio de cargos en el Poder Ejecutivo, como un dique contra un posible proceso de juicio político.
No han sido semanas fáciles para el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y es que quien fue uno de los principales gestores del plan económico del Gobierno de Jair Bolsonaro, es hoy el más criticado por el débil desempeño económico que hasta ahora ha tenido el país. De todas formas, las críticas para Guedes no son algo nuevo, pues incluso antes de que Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales ya había recibido algunas.
La renovación en el Congreso de Brasil producto de las elecciones del domingo fue mucho más allá de lo calculado por encuestadores y analistas, barriendo con casi todos los liderazgos tradicionales de ambas cámaras y provocando el hundimiento de partidos que habían marcado el paso en el legislativos muchos años.
El Congreso de Brasil inició este viernes el trámite de analizar los balances fiscales de 2014 del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, cuya reprobación ha sido recomendada por el Tribunal de Cuentas, informaron fuentes oficiales. Se trata del primer paso de un largo y sarmentoso proceso que puede llegar al juicio político, con riesgo de destitución, de la presidenta Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reafirmó el lunes que negará cualquier solicitud para abrir un juicio político con vistas a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff. Según Cunha, un juicio político, como exigieron algunos grupos minoritarios en las multitudinarias protestas, “no es solución” y “está al borde de lo ilegal y lo inconstitucional”.
El Congreso de Brasil aprobó una norma que prohíbe a padres y tutores el castigo físico a menores de 18 años, y obliga a los adultos que incurran en estos actos a someterse a orientación psicológica y psiquiátrica.