El Congreso de Brasil aprobó la Enmienda Constitucional 135/24 relativa al paquete de recortes de gastos fiscales, informó la Agencia Brasil. La nueva legislación, derivada de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 45/24, introdujo cambios en los ingresos obligatorios y amplió la Desvinculación de los Ingresos de la Unión (DRU), con el objetivo de mejorar el equilibrio fiscal del gobierno federal, se explicó.
Entre los cambios están los que permiten modificar el límite máximo de los salarios de los funcionarios públicos, las reglas para la concesión del Beneficio de Prestación Continuada (BPC), la asignación salarial, la política de ajuste del salario mínimo, las reglas con límites para la concesión y extensión de beneficios fiscales y la limitación del crecimiento de los gastos vinculados al marco fiscal.
Al promulgar la enmienda, el presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco, dijo que el objetivo del cambio era preservar la cohesión fiscal, combinando el régimen jurídico de estos gastos con el marco fiscal vigente y el escenario global en el que Brasil está inserto.
Aprobado por el Congreso en agosto del año pasado, el marco establece límites al aumento de los gastos federales. La responsabilidad fiscal se ha consolidado como un imperativo nacional, incluso en tiempos de escenarios económicos desafiantes, como el actual, dijo Pacheco.
El senador también señaló que los cambios realizados durante el proceso de aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y el Senado dio lugar a un texto que refleja la pluralidad de visiones del mundo y los intereses legítimos representados en el Congreso Nacional.
Precisamente por eso, debe rechazarse cualquier intento incendiario y contraproducente de caracterizar la enmienda constitucional como un tipo de medida contraria al interés social y a los sectores más vulnerables de la población brasileña, afirmó. Todo lo contrario, lo que se buscó con la propuesta y los ajustes promovidos por el Congreso Nacional fue más que simplemente reducir el gasto público, sino mejorarlo en términos cualitativos, dirigiéndolo de la forma más confiable y eficiente posible a quienes más lo necesitan, argumentó.
La aprobación del PEC se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por controlar el crecimiento de los gastos obligatorios, como los de personal y los programas sociales. El texto aprobado altera la asignación salarial del programa PIS/Pasep de hasta un salario mínimo, pagada a los trabajadores que ganaron hasta dos salarios mínimos mensuales en el año anterior.
El cambio aprobado determina que el valor de la asignación del PIS/Pasep sólo será ajustado por el INPC a partir de 2026. El salario se pagará a los trabajadores que ganaron dos salarios mínimos en el año base, que será 2023, equivalente a R$ 2.640 (US$ 433,75). El salario de acceso se irá reduciendo hasta llegar a un salario y medio mínimo, lo que, según la previsión del gobierno, deberá ocurrir en 2035.
Otro cambio fue en las reglas del Fondo de Mantenimiento de la Educación Básica (Fundeb), que financia las redes públicas de enseñanza, desde el jardín de infancia hasta el bachillerato. El fondo es pagado por los estados y municipios, pero recibe un suplemento de la Unión cuando las entidades no alcanzan el monto mínimo por alumno por año.
La propuesta aprobada limita los recursos que deben destinarse a la matrícula a tiempo completo al 10% en 2025. Para los años siguientes, la norma establece un mínimo del 4% de los recursos del Fundeb. Así deberá ser hasta que se alcancen las metas de educación a tiempo completo establecidas en el Plan Nacional de Educación.
Sobre la Desvinculación de Ingresos de la Unión, que vencía en 2024, el PEC prevé su prórroga hasta 2032, permitiendo al gobierno flexibilizar la ejecución presupuestaria dentro del límite del 20% de todos los impuestos federales vinculados por ley a fondos o gastos.
El líder del gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, celebró la conclusión de la votación sobre el paquete de recortes de gastos. Según él, las medidas demuestran el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal.
”Hoy estamos entregando a Brasil un ahorro de por lo menos R$ 60 mil millones (cerca de US$ 10 mil millones), sin embargos sobre medidas futuras. Después de dos semanas muy turbulentas, debido a la inestabilidad del tipo de cambio, estamos concluyendo un conjunto de medidas que el país necesitaba en este momento, dijo. Lo más importante es que estamos cumpliendo el compromiso de este Gobierno con la responsabilidad fiscal, añadió.
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo que el ahorro ascendería a algo más de 70.000 millones de reales, con una diferencia de alrededor de 1.000 millones de reales” con los cambios introducidos por el Congreso en el paquete de recortes de gastos. También mencionó que el gobierno pretende votar el próximo año el proyecto de ley que prevé la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para quienes ganen hasta R$ 5.000 (US$ 821,5). Si se aprueba, el cambio entrará en vigor a partir de 2026.
Los proyectos de ley relativos a la limitación de los supersalarios en la función pública y a los cambios en las pensiones militares también se presentaron para el año que viene. La cuestión de los supersalarios no se ha abandonado, vamos a votarla a principios del año que viene. La cuestión de los militares fue discutida, pero no hubo tiempo para votarla, dijo Rodrigues, que añadió que el proyecto de ley de Presupuestos Anuales para 2025 debería ser votado poco después del receso parlamentario, entre el 1 y el 20 de febrero, tras la elección de las mesas de la Cámara y del Senado. Nos hubiera gustado que [el asunto] se votara a finales de este año, pero el ponente interpretó que no habría tiempo suficiente para adaptar los cambios que se aprobaron en la organización fiscal en los últimos días al presupuesto del próximo año, lamentó. Anteriormente, el ponente del asunto, el senador Angelo Coronel, dijo que su informe sería considerado después del receso parlamentario, ya que aún faltaba información consolidada sobre el asunto.