La reciente reunión del denominado Grupo de Lima emitió una declaración contundente respecto a Venezuela exigiendo elecciones democráticas, transparentes y creíbles, a la vez que exigen se permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas del pueblo venezolano.
Las elecciones no se decretan u ordenan, se convocan. Y es que el régimen venezolano, con este nuevo disparate, no hace sino más que desvelar el asesinato, no sólo de personas que piensan distinto de maneras tan atroces como ejecutándolos extrajudicialmente –con un ejército completo– para callar y escarmentar, sino también el asesinato de los principios democráticos y republicanos fundamentales mientras pisotean la constitución del país.
El diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Tomás Lucena, fue asesinado en la tarde del miércoles en el estado Trujillo, al occidente de Venezuela cuando lo interceptaron dos sujetos en motos y lo hirieron con varios balazos, según testigos. El gobierno califica el crimen de venganza.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió este viernes por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una contundente mayoría opositora.