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Uruguay y Argentina buscan evitar que la planta de hidrógeno verde repita el conflicto de las papeleras
Orsi afirmó el viernes en Paysandú que Argentina había retirado “la denuncia penal” presentada contra el proyecto, y lo calificó de buena noticia diplomática Los Gobiernos de Uruguay y Argentina intentan contener las tensiones alrededor de la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la empresa HIF Global proyecta instalar en el departamento uruguayo de Paysandú, sobre el río Uruguay, después de que una declaración del presidente Yamandú Orsi recibiera tres desmentidos consecutivos desde la orilla argentina.
El proyecto, valorado en unos 5.400 millones de dólares y presentado como la mayor inversión extranjera de la historia uruguaya, produciría e-combustibles a partir de hidrógeno verde obtenido con energías renovables y dióxido de carbono procedente de cadenas de biomasa. Prevé unos 3.000 empleos directos y una primera etapa de alrededor de 1.000 millones de dólares.
La localización original, a unos tres kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón y frente a sus costas, generó objeciones en Argentina, encabezadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por el posible impacto visual sobre el turismo y por la contaminación del curso de agua. Tras negociaciones bilaterales que incluyeron dos reuniones en la cancillería uruguaya, en noviembre y en abril, se acordó relocalizar la planta hacia un predio de la petrolera estatal Ancap.
Orsi afirmó el viernes en Paysandú que Argentina había retirado “la denuncia penal” presentada contra el proyecto, y lo calificó de buena noticia diplomática. La fiscal federal argentina Josefina Minatta respondió que no había retirado la suya y que la mantendrá mientras Uruguay no responda a sus pedidos de información sobre una eventual contaminación. El diputado Guillermo Michel indicó que su acción civil preventiva también sigue en curso. El secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, atribuyó lo ocurrido a una confusión y precisó que lo desistido fue una gestión de la viceintendenta de Colón ante el comité de apoyo del Acuerdo de Escazú, el tratado regional sobre acceso a información ambiental. El Municipio de Colón replicó entonces que nunca presentó denuncia alguna y que solo había solicitado acceso al expediente uruguayo, información que obtuvo antes de desistir de nuevas consultas el 25 de agosto.
Sánchez sostuvo que existe un tratado bilateral sobre el uso del río Uruguay, pero que las decisiones sobre territorio nacional son soberanas: “No hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni le establezca reglas de juego a Uruguay”.
Ambos Gobiernos buscan evitar una repetición del conflicto por la planta de celulosa de Fray Bentos, que entre 2005 y 2010 derivó en bloqueos prolongados de los puentes internacionales por parte de vecinos argentinos y en una demanda de Argentina contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia.
El acuerdo comercial sigue abierto. Restan por definir la propiedad de la infraestructura, el reparto de las inversiones y el precio de la energía que suministrará la eléctrica estatal UTE.
