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Bolivia despliega militares contra bloqueos por un decreto que su propio Gobierno quiere derogar
Al menos diez organizaciones desafían el estado de excepción El Gobierno de Bolivia desplegó este martes efectivos militares y policiales en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, ante el anuncio de bloqueos de carreteras convocados por organizaciones campesinas contra el decreto que elevó el precio del diésel para los grandes consumidores. Horas después, el viceministro de Régimen Interior admitió que esa misma norma debe ser anulada.
“Ante la convocatoria pública a bloquear en Yapacaní se dispuso un despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Boliviana. La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos”, declaró el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Precisó que bajo el estado de excepción vigente se puede “marchar, protestar, reunirse y expresar desacuerdo”, pero no bloquear carreteras ni impedir el libre tránsito. La ruta permaneció despejada durante la jornada.
En paralelo, el viceministro Hernán Paredes se reunió con los dirigentes en la sede de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios y alcanzó un acuerdo. “El decreto supremo que ha sacado el Gobierno efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación”, afirmó. “He informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está, porque no ha cumplido su objetivo”. Explicó que la finalidad era que los grandes consumidores importaran su propio combustible y que los pequeños productores tuvieran garantizado el subvencionado, lo que no ocurrió. El dirigente Juan Cáceres indicó que el Ejecutivo se comprometió a gestionar la anulación en 48 horas y advirtió que, de no producirse, las organizaciones definirán nuevas medidas.
El Decreto Supremo 5676, emitido el 17 de agosto, fijó un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para industrias, empresas y grandes consumidores, frente a los 9,80 que rigen para el transporte público y para quienes consumen menos de 5.000 litros mensuales. El incremento equivale a un 83,7 %. Los productores de Yapacaní sostienen que el abastecimiento se redujo a la mitad.
El municipio es un punto sensible: su alcalde, Juan Ramos, señala que concentra buena parte del abastecimiento de arroz y conecta el oriente con el occidente del país, por lo que un cierre afectaría al comercio exterior y a la distribución de alimentos.
Al menos diez organizaciones desafían el estado de excepción, entre ellas cooperativistas mineros, transportistas, gremiales y cocaleros. Sectores afines al expresidente Evo Morales se reúnen este miércoles en el Trópico de Cochabamba para definir medidas. El estado de excepción se declaró el 20 de junio por 90 días, tras siete semanas de protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y rige hasta el 20 de septiembre.
