MercoPress. South Atlantic News Agency
El diálogo entre los dos parlamentos de Venezuela, con aval de EE.UU., comenzará el 1 de agosto
El diálogo reunirá a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora y presidida por Dinorah Figuera, y a la Asamblea de 2026, controlada por el chavismo y encabezada por Jorge Rodríguez Los dos órganos legislativos que se disputan la legitimidad en Venezuela iniciarán el 1 de agosto una agenda de trabajo conjunta, impulsada por Estados Unidos, con el objetivo declarado de avanzar hacia una reinstitucionalización democrática del país, más de seis meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro.
El diálogo reunirá a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora y presidida por Dinorah Figuera, y a la Asamblea electa en 2026, controlada por el chavismo y encabezada por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ambos confirmaron la reanudación de los contactos a través de comunicados. Según el texto difundido por Figuera, la agenda priorizará el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política. Rodríguez, en cambio, presentó el proceso como parte de un llamado a la unidad nacional para afrontar la emergencia, y se refirió a sus interlocutores como exmiembros de la Asamblea de 2015.
El acercamiento formal comenzó el 18 de junio, cuando Figuera regresó a Caracas tras ocho años de exilio y se reunió con Rodríguez. La dirigente, médica de profesión e integrante del partido Primero Justicia, fue designada por el Departamento de Estado estadounidense para encabezar las conversaciones. Preside desde 2023 la comisión delegada de la Asamblea de 2015, que Washington considera el último órgano legislativo venezolano surgido de comicios reconocidos como competitivos y que conserva el control jurídico de algunos activos venezolanos en el exterior, como la filial Citgo. Figuera sostiene que esa condición institucional respalda su papel en la negociación.
La designación relegó a la dirigente opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, quien se perfilaba como principal interlocutora con el oficialismo. Machado, en el exilio desde diciembre, no se ha pronunciado sobre la gestión de Figuera. Reivindica la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las cuestionadas elecciones de 2024 —en las que Maduro fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude— y, junto a González, ha reclamado la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. En plena emergencia por los terremotos, denunció que se le impidió abordar en Panamá un vuelo hacia Caracas. La reactivación del diálogo por la vía de Figuera fue interpretada por algunos sectores de la oposición como una señal del giro pragmático de Washington respecto del liderazgo de Machado.
El proceso devuelve al centro de la agenda la cuestión electoral, después de meses en que la prioridad estadounidense había sido la estabilización del país tras la captura de Maduro, la reanudación de relaciones diplomáticas y el levantamiento gradual de sanciones. El trasfondo es un vacío institucional: el pasado 3 de julio venció el plazo de 180 días que la Constitución fija para una ausencia temporal del presidente, término tras el cual debería convocarse una elección. El Tribunal Supremo de Justicia calificó en enero el encarcelamiento de Maduro como una “ausencia forzosa”, una figura que no está expresamente prevista en la Constitución venezolana.
Hasta hace pocos días, Rodríguez rechazaba discutir cualquier calendario político mientras continuara la atención a los damnificados por los sismos. En una rueda de prensa calificó de “irrespeto” hacia las víctimas plantear en este momento la renovación del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo. “No tenemos cabeza para estar preocupándonos del TSJ ahorita; de lo que nos estamos preocupando es de personas que están sufriendo lo indecible”, afirmó.
El anuncio coincide con los tiempos de Washington: esta semana está prevista una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la respuesta a los terremotos del 24 de junio, que según el último balance oficial han dejado al menos 4.561 muertos, aunque otras estimaciones elevan la cifra. La Asamblea de 2015 retomó esta semana sus sesiones en una sede alterna, luego de que el Palacio Legislativo sufriera daños por el desastre.
