Rubio acusó al Gobierno cubano de usar la energía como un arma y de desviar recursos para enriquecerse, una afirmación que, según las agencias, no respaldó con pruebas. El Gobierno de Cuba acusó este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de reforzar aún más el cerco económico y energético contra la isla, después de que Washington sancionara a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), dedicada a la extracción, el refinamiento y la producción de crudo. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que Rubio recurre a mentiras usuales y vulgares para justificar la medida.
El Departamento de Estado incluyó a Cupet en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, en aplicación de la orden ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, por operar en el sector energético cubano; con ello quedan bloqueados sus activos en Estados Unidos. La compañía se suma a la lista de entidades y cargos sancionados, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, designado una semana antes. Rubio sostuvo que activos clave de Cupet fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses —en alusión a la nacionalización petrolera de 1960— y acusó al Gobierno cubano de usar la energía como un arma y de desviar recursos para enriquecerse, una afirmación que, según las agencias, no respaldó con pruebas.
Rodríguez replicó en sus redes sociales que Rubio actúa por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política. El viceprimer ministro y responsable de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, fue más allá y afirmó que la sanción profundiza el cerco energético y con ello el genocidio que comete Estados Unidos contra el pueblo cubano.
La medida se produjo días después de que medios estadounidenses como Bloomberg y el Miami Herald informaran de que la firma Vanguard Energy, con sede en Coral Gables (Florida), negociaba arrendar instalaciones de almacenamiento de Cupet para enviar combustible a la isla —unos 100.000 barriles de gasolina y 150.000 de diésel cada 30 a 40 días, suficientes para cubrir 11 días de demanda—. El Departamento de Estado negó haber concedido una licencia para evadir el bloqueo, y el condado de Miami-Dade revocó este jueves la licencia fiscal local de Vanguard por sus envíos propuestos de combustible a Cuba.
Las sanciones se enmarcan en la campaña de máxima presión de la Administración de Donald Trump, que desde enero busca cortar el suministro de combustible a la isla: primero al frenar las exportaciones energéticas de su aliada Venezuela y luego al amenazar con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Analistas advierten que la medida podría agravar la crisis energética cubana —marcada por apagones y escasez de combustible— y golpear sobre todo a la población más vulnerable. Rubio, de origen cubano, afirmó el mes pasado que la probabilidad de un acuerdo entre ambos países no es alta.