Las unidades en cuestión corresponden a la primera generación de la clase River de la Royal Navy —HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn—, construidas entre 2001 y 2003
El Gobierno de Uruguay presentará esta semana ante la embajada del Reino Unido una oferta formal para la adquisición de tres patrulleras oceánicas de segunda mano pertenecientes a la Marina Real británica, por un monto aproximado de 60 millones de euros, según anunció el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. La operación, articulada como una compra directa entre Estados, se inscribe en la búsqueda de la administración del presidente Yamandú Orsi para sustituir el contrato rescindido con el astillero español Cardama, paralelamente al endurecimiento de las acusaciones del Ejecutivo uruguayo contra la empresa viguesa por el uso de los fondos públicos transferidos.
“Esta semana tenemos que presentar la nota en la embajada del Reino Unido manifestando nuestro interés en adquirirlas”, afirmó Díaz en una entrevista con el canal uruguayo Teledoce. El prosecretario precisó que cada una de las patrulleras tiene un valor de 20 millones de euros y una vida útil remanente de entre 20 y 25 años. Las unidades en cuestión corresponden a la primera generación de la clase River de la Royal Navy —HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn—, construidas entre 2001 y 2003 y cuya baja del servicio fue programada en el marco del proceso de renovación de la flota británica. Díaz indicó que la adquisición de las patrulleras usadas representa “la posibilidad de tener rápidamente OPV”, aunque el Gobierno continúa explorando opciones para incorporar también unidades nuevas. El prosecretario descartó implícitamente al astillero estatal español Navantia y confirmó que la incorporación de unidades nuevas se realizará mediante negociación bilateral entre Estados.
Paralelamente, Díaz endureció las acusaciones contra el astillero Cardama, con el que Uruguay había firmado un contrato por 82,2 millones de euros para la construcción de dos patrulleras, rescindido el 13 de febrero de 2026 tras conocerse problemas con la garantía bancaria asociada. “Manejamos dinero público, se le entregaron 28 millones de euros y no sabemos en qué se gastaron. ¿Dónde están? En lo construido seguro que no”, afirmó el prosecretario. Posteriormente matizó que el Gobierno mantiene “la presunción de que el grueso del dinero no fue destinado a la construcción del barco”. Díaz confirmó la existencia de un grupo de trabajo gubernamental encargado del arbitraje internacional abierto por Cardama, que el Ejecutivo considera improcedente al sostener que el contrato establece una cláusula de jurisdicción local. Uruguay prepara una demanda judicial contra el astillero por la devolución de los fondos entregados, los daños y perjuicios y la entrega de lo construido hasta el momento.
El astillero gallego, por su parte, ha continuado su actividad pese al conflicto: completó recientemente la obra del buque oceanográfico portugués Mário Ruivo y mantiene negociaciones por nuevos contratos. Cardama ha reclamado a Uruguay que retire de sus instalaciones la primera patrullera, cuyos bloques y quilla ya están construidos, aunque Díaz advirtió que la tasación de ese material representa un obstáculo adicional en la resolución del conflicto bilateral.
Las unidades en cuestión corresponden a la primera generación de la clase River de la Royal Navy —HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn—, construidas entre 2001 y 2003 
