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La Fiscalía brasileña pide no renovar la licencia ambiental de la única mina de uranio del país
La unidad de extracción de uranio se localiza en el municipio de Caetité, en el estado nororiental de Bahía, y es operada por la estatal Industrias Nucleares do Brasil (INB) El Ministerio Público Federal de Brasil recomendó este miércoles al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que no renueve la licencia ambiental de la única mina de uranio del país, en operación desde 1999, hasta que la empresa responsable consulte debidamente a las comunidades quilombolas potencialmente afectadas por la actividad. La recomendación no implica el cierre definitivo de las operaciones, pero supone una suspensión condicionada al cumplimiento de la exigencia de consulta previa a las poblaciones impactadas por el proyecto, en línea con las normas nacionales e internacionales vigentes.
Según el Ministerio Público, al menos catorce comunidades de descendientes de esclavos fugitivos —los llamados quilombolas— se encuentran localizadas en un radio de hasta veinte kilómetros del yacimiento y nunca fueron consultadas sobre el proyecto, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en Brasil desde 2004. La norma establece que los pueblos tradicionales deben ser consultados siempre que medidas administrativas, entre ellas la concesión de una licencia ambiental para grandes proyectos extractivos, puedan afectar de manera directa sus territorios y modos de vida.
La unidad de extracción de uranio se localiza en el municipio de Caetité, en el estado nororiental de Bahía, y es operada por la estatal Industrias Nucleares do Brasil (INB). La instalación constituye el primer eslabón del ciclo nacional del combustible nuclear: en ella se realizan las fases iniciales de minería y beneficiamiento del mineral, de las que resulta el concentrado de uranio conocido como yellowcake. Según datos oficiales de la empresa, la mina se ubica en una provincia mineral con recursos estimados en unas 87.000 toneladas de uranio y produce cerca de 400 toneladas anuales de concentrado.
Brasil no enriquece el uranio extraído en su territorio. Tras el procesamiento inicial en Caetité, el concentrado es enviado al exterior, principalmente a Europa, donde atraviesa las fases industriales posteriores de conversión y enriquecimiento, antes de regresar al país en forma de combustible para las centrales nucleares que el Estado brasileño opera en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro. La instalación de Caetité opera desde hace casi tres décadas en una región que ha sido objeto recurrente de protestas de organizaciones sociales y de organismos de control por los posibles efectos del proyecto sobre los recursos hídricos y las poblaciones locales.
La recomendación del Ministerio Público no es de cumplimiento obligatorio para el Ibama, pero constituye un instrumento formal que el organismo fiscal suele emplear como advertencia previa a eventuales medidas judiciales si el órgano ambiental decide ignorar las observaciones. La controversia se inscribe, además, en un período de creciente presión sobre Brasil en materia de minerales críticos y soberanía sobre los recursos estratégicos del país, en el marco de las disputas geopolíticas con Estados Unidos y China.
