El expresidente permanece refugiado desde 2024 en el Chapare, la región tropical y cocalera donde forjó su carrera sindical y política
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija, en el sur de Bolivia, declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales (2006-2019) y ratificó la orden de aprehensión y arraigo en su contra tras su inasistencia a la audiencia inicial del juicio oral por presunta trata agravada de personas. La misma medida alcanzó a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima. El juez Carlos Oblitas suspendió el proceso sin nueva fecha, a la espera de la captura o la comparecencia voluntaria de los acusados.
La Fiscalía sostiene que Morales mantuvo durante su segundo mandato presidencial una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija. Según la imputación, los padres de la menor consintieron el vínculo a cambio de favores políticos y económicos. El expediente fue armado con más de 170 elementos probatorios, según informó la Fiscalía Departamental de Tarija. El caso surgió en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tras la filtración de imágenes y mensajes de texto entre Morales y la entonces adolescente, pero fue archivado meses después con el ascenso al poder de su delfín, Luis Arce. La causa se reabrió en septiembre de 2024, en medio de la ruptura interna del Movimiento al Socialismo entre las facciones de Arce y de Morales.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, afirmó que las medidas se ajustan al Código de Procedimiento Penal y que las notificaciones se hicieron por varios medios. La defensa, encabezada por el abogado Nelson Cox, sostiene que el proceso es irregular y carece de garantías. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales, no corresponde que se presente”, declaró Cox la semana pasada. Morales calificó el proceso de persecución política y escribió en la red social X: “No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí”.
La presunta víctima envió recientemente un memorial al juzgado en el que solicita la anulación del proceso. Afirma que no es víctima y que “no existió hecho como tampoco existió explotación”. El tribunal aclaró que cualquier desistimiento debe ventilarse en el juicio oral.
El expresidente permanece refugiado desde 2024 en el Chapare, la región tropical y cocalera donde forjó su carrera sindical y política. Centenares de cocaleros montan guardias permanentes para impedir su captura. La orden judicial llega un día antes del inicio de una marcha convocada por Morales hacia La Paz contra las “políticas neoliberales y privatizadoras” del presidente Rodrigo Paz, en un contexto de inflación que diversos analistas proyectan por encima del 20 % anual. El Gobierno denunció el viernes un supuesto plan para “cercar” la sede del Ejecutivo basado en audios atribuidos a Morales que verificadores independientes consideran de años anteriores.
El expresidente permanece refugiado desde 2024 en el Chapare, la región tropical y cocalera donde forjó su carrera sindical y política 
