La administración Trump impuso en agosto un arancel del 50% a los productos brasileños que vinculó explícitamente al juicio contra Bolsonaro, un capítulo que Lula gestionó con firmeza diplomática
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido este jueves por su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en lo que constituye su primera visita oficial a Washington desde su retorno al poder en 2023 y la segunda reunión cara a cara entre ambos mandatarios, después del breve encuentro de 45 minutos al margen de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur en octubre del año pasado. La cita, formalizada como reunión de trabajo y no como visita de Estado, busca consolidar la frágil tregua bilateral alcanzada tras una de las crisis diplomáticas más severas en dos siglos de relaciones entre las dos democracias más pobladas del continente americano.
La delegación brasileña, encabezada por Lula, incluye a cinco ministros, entre ellos el de Hacienda, Dario Durigan, y el director general de la Policía Federal, en una composición orientada a abordar una agenda concreta de entregables. El vicepresidente Geraldo Alckmin asumió como presidente interino durante el viaje, programado con regreso a Brasilia el viernes 8 de mayo.
La agenda de trabajo se concentra en cuatro ejes especialmente sensibles. El primero es la investigación bajo la Sección 301 que el gobierno estadounidense lleva adelante sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, en particular el sistema brasileño de pagos instantáneos Pix, el etanol y la deforestación ilegal, cuyo informe final está previsto para julio y podría sentar las bases para un nuevo paquete arancelario. El segundo es el interés estadounidense en las reservas brasileñas de tierras raras, las segundas mayores del mundo después de China, en un contexto en el que Washington busca diversificar su suministro de minerales estratégicos. Una empresa estadounidense respaldada por la Casa Blanca acaba de adquirir la única productora brasileña de estos materiales, y Brasil exigirá garantías para preservar la capacidad nacional de procesamiento.
El tercer eje, el más políticamente sensible, es la posibilidad de que Trump designe al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, en línea con el criterio aplicado a los cárteles mexicanos. Brasilia teme que esa medida exponga a sus bancos, fintechs y empresas a sanciones secundarias estadounidenses, complicaría la cooperación policial y tendría implicaciones de soberanía sobre la política nacional de seguridad. Lula apuesta por proponer un esquema reforzado de intercambio de información e inteligencia para combatir las finanzas y el tráfico de armas de las organizaciones criminales sin necesidad de la designación. El cuarto tema es la guerra contra Irán, que Lula ha calificado de “locura” y respecto de la cual ha defendido reiteradamente el multilateralismo y la negociación.
El encuentro llega en un momento delicado en el plano interno para Lula. La semana pasada, su gobierno sufrió dos derrotas parlamentarias significativas: la Cámara baja anuló su veto a una ley que reduce la condena del expresidente Jair Bolsonaro —que cumple una sentencia de 27 años por intento de golpe de Estado—, y el Senado rechazó la nominación de Jorge Messias al Supremo Tribunal Federal, un revés sin precedentes en más de un siglo. Las encuestas anticipan un empate técnico para las elecciones presidenciales de octubre entre Lula y el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. La administración Trump impuso en agosto de 2025 un arancel del 50% a los productos brasileños que vinculó explícitamente al juicio contra Bolsonaro, un capítulo que Lula gestionó con firmeza diplomática y que terminó rebajándose en noviembre. El profesor de relaciones internacionales Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, declaró a la AFP que Lula buscará “fortalecer la sintonía personal con Trump” para reducir el riesgo de injerencia estadounidense en las elecciones de octubre.
La administración Trump impuso en agosto un arancel del 50% a los productos brasileños que vinculó explícitamente al juicio contra Bolsonaro, un capítulo que Lula gestionó con firmeza diplomática 
