El conflicto universitario fue uno de los puntos de mayor desgaste político para Milei en 2024 y 2025, con marchas masivas de estudiantes y gremios
El gobierno argentino presentó este jueves un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que lo obliga a actualizar salarios docentes y programas de becas en las universidades nacionales. El Ejecutivo alegó que acatar la norma consumiría el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado y provocaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes”.
El recurso, firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, argumentó que cumplir la ley implicaría consecuencias como “la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema y ambas cámaras legislativas”.
El gobierno también solicitó que tres jueces de la Corte —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se excusen de votar por ser docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que a juicio del Ejecutivo los convierte en parte interesada.
La ley fue aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras la insistencia legislativa que revirtió un veto del presidente Javier Milei. Obliga al Estado a recomponer las transferencias a universidades públicas desde diciembre de 2023. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, denunció que las transferencias acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según Infobae.
El derrotero judicial comenzó en octubre de 2025, cuando el CIN y rectores de diversas universidades interpusieron un amparo contra el decreto 759/2025, con el que Milei había suspendido la aplicación de la ley. En diciembre, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó cumplir con las actualizaciones salariales. En marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, ratificó la medida cautelar y desestimó los argumentos oficiales, considerando que la insistencia del Congreso dotaba a la ley de plena verosimilitud.
Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada reconocieron a Infobae que es “muy probable” que la Corte no quiera tratar el caso por tratarse de una medida cautelar y no de una cuestión de fondo. “Dar marcha atrás no es una opción”, señaló una fuente gubernamental al mismo medio, aunque el gobierno admite que no dispone de los fondos necesarios. Según estimaciones oficiales, el costo de cumplir con la norma asciende a 2,5 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo dice que implicaría el retorno del déficit fiscal.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que la omisión del gobierno “podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” y recordó que la jurisprudencia de la propia Corte establece que las cautelares no son sentencias definitivas y escapan a su competencia.
El conflicto universitario fue uno de los puntos de mayor desgaste político para Milei en 2024 y 2025, con marchas masivas de estudiantes y gremios que movilizaron a sectores de su propia base electoral.
El conflicto universitario fue uno de los puntos de mayor desgaste político para Milei en 2024 y 2025, con marchas masivas de estudiantes y gremios 
