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El Gobierno argentino retira del debate el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros
La decisión se tomó en una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich con jefes de las bancadas aliadas después de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra El oficialismo argentino retiró el miércoles del temario del Senado el capítulo sobre tierras rurales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ante la falta de votos para aprobarlo y horas antes de la sesión prevista para este jueves.
“Se resolvió por consenso postergar el tratamiento del capítulo del proyecto referido al régimen de tierras rurales”, indicó a EFE un portavoz del bloque de La Libertad Avanza y sus aliados, que precisó que la decisión se adoptó por unanimidad para alcanzar mayor consenso y que no implica su eliminación definitiva. Otras coberturas lo describen como una baja del capítulo; según Ámbito, retomarlo exigiría un nuevo proyecto del Ejecutivo.
La decisión se selló en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, con los jefes de las bancadas aliadas, después de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra. Se pronunciaron en ese sentido los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, además del entorno del salteño Gustavo Sáenz, a los que se sumó el radical Daniel Kroneberger. El recuento de votos que manejaba la prensa argentina daba 35 a 34 en contra.
Era el cuarto intento de tratamiento del texto, ingresado el 27 de marzo con 53 artículos, tras más de una decena de versiones del dictamen. Para el jueves está convocada una movilización frente al Congreso bajo el lema “La patria no se vende”. Una encuesta difundida el 28 de julio situó en 77% el respaldo a limitar la compra de tierras por extranjeros.
La ley vigente, sancionada en 2011, prohíbe que los extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales y computa ese tope en tres escalas: nacional, provincial y municipal. También limita a 1.000 hectáreas la superficie que puede tener un mismo titular extranjero en la zona agropecuaria núcleo.
El proyecto original eliminaba el tope. Ante la resistencia, el Gobierno ofreció elevarlo al 25%, pero esa versión introducía un cambio adicional: computaba el límite únicamente por provincia, suprimiendo las escalas nacional y municipal. La modificación es sustantiva porque el límite operativo nunca estuvo en las escalas mayores. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia se aproxima al tope —Santa Cruz registra 9,63%, Tierra del Fuego 7,74% y Neuquén 6,4%—, mientras varios departamentos lo superan con holgura: San Carlos alcanza el 59% y Molinos el 57% en Salta, General Lamadrid el 56% en La Rioja y Lácar el 54% en Neuquén. Esos porcentajes reflejan tenencias anteriores a 2011, ya que la norma no fue retroactiva, y el registro publica datos por departamento y no por municipio.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, calcula que hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, cerca del 5% del territorio nacional y una superficie comparable a la de Grecia o Nicaragua. Advirtió que el proyecto abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Es una medición sobre el total del país, distinta de la que aplica el registro oficial a la tierra rural.
El resto de la iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se debatirá el jueves. Contempla una interpretación restrictiva de la utilidad pública en las expropiaciones, con indemnización por lucro cesante cuando sea consecuencia directa; desalojos más expeditos, ampliando la legitimación a todo sujeto que invoque un derecho verosímil, con hasta diez días para ofrecer solución habitacional si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores; y cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble.
También modifica la Ley de Manejo del Fuego: deroga el plazo de sesenta años de protección tras incendios en bosques nativos o implantados y áreas naturales, aunque prevé tareas de restauración, y suprime la prohibición de treinta años para emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias en terrenos incendiados de zonas agropecuarias y pastizales.
