El magistrado Humberto de Vasconcelos Sampaio dictaminó que la imposición súbita de la alícuota equivale en la práctica a la creación de una nueva carga tributaria “meramente recaudatoria”
Un juez federal de Río de Janeiro suspendió cautelarmente el impuesto del 12% a la exportación de petróleo crudo para cinco empresas internacionales que operan en Brasil: Shell, TotalEnergies, Equinor, Repsol Sinopec y Petrogal. La medida representa una primera victoria judicial para las petroleras en su pulso con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por un gravamen que consideran inconstitucional.
El magistrado Humberto de Vasconcelos Sampaio, del primer tribunal federal de Río de Janeiro, dictaminó que la imposición súbita de la alícuota del 12% equivale en la práctica a la creación de una nueva carga tributaria con finalidad “meramente recaudatoria”, según informó el diario Valor Econômico. La decisión suspende los efectos del impuesto para las cinco compañías desde su entrada en vigor el 12 de marzo y las exime de sanciones.
El gobierno brasileño creó el gravamen mediante medida provisoria en marzo como parte de un paquete para amortiguar el impacto de la escalada de precios del petróleo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero. La recaudación buscaba compensar la eliminación temporal de los impuestos federales PIS y Cofins sobre el diésel y un programa de subsidios directos a productores e importadores de combustible, destinados a contener el alza de precios en surtidor.
Las cinco petroleras demandantes produjeron en febrero unos 791.000 barriles diarios de crudo, equivalentes al 20% de la producción nacional, según datos citados por Folha de São Paulo. Prácticamente toda esa producción se destina a la exportación, un volumen superior a la media de exportaciones de Petrobras en 2025, que alcanzó un récord de 765.000 barriles diarios.
Fuentes del gobierno anticiparon que recurrirán el fallo. La administración Lula sostiene que no se trata de un impuesto nuevo, sino de la modificación de una tasa preexistente cuya alícuota era de cero como incentivo a las exportaciones. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, defendió la medida en un evento del sector en Río de Janeiro: “Las petroleras están ganando mucho con la guerra, ¿por qué no pueden pagar un poco más?”, según Reuters.
Las compañías argumentan que el tributo viola los principios de seguridad jurídica y libre competencia, y las coloca en desventaja en el mercado internacional. En un evento del Instituto Brasileño del Petróleo (IBP) celebrado este miércoles, Verônica Coelho, de Equinor, advirtió que los cambios fiscales imprevistos elevan el riesgo país y dificultan las decisiones de nuevas inversiones.
El caso tiene un precedente directo: en 2023, el gobierno Lula impuso un gravamen similar del 9,2% a las exportaciones de crudo, que fue declarado ilegal por el Tribunal Regional Federal. La sentencia actual no es definitiva y la decisión de fondo sigue pendiente.
El magistrado Humberto de Vasconcelos Sampaio dictaminó que la imposición súbita de la alícuota equivale en la práctica a la creación de una nueva carga tributaria “meramente recaudatoria” 
