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Chavismo y sector de la oposición piden pausa judicial para blindar Citgo y activos de PDVSA
Guaidó y el logo de Citgo. Desde 2019, los activos venezolanos en EE.UU. quedaron bajo juntas designadas por la oposición tras las sanciones a PDVSA Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente a una corte de Nueva York una suspensión de 45 días en un caso donde acreedores internacionales buscan embargar fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La jueza de primera instancia Sarah Netburn acogió la solicitud y concedió plazo hasta el 21 de mayo para que ambas partes coordinen sus defensas legales y definan quién representará los intereses de Venezuela ante los tribunales estadounidenses. El movimiento pone en evidencia una colaboración inédita entre sectores que durante años se consideraron irreconciliables, unidos ahora por el objetivo común de proteger los activos del país frente a una veintena de acreedores que reclaman aproximadamente US$ 21.300 millones por expropiaciones e impagos acumulados durante el chavismo.
El activo más valioso en juego es la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, séptima mayor de Estados Unidos y considerada la joya de los bienes externos venezolanos. Un juez de Delaware aprobó en noviembre pasado su venta a Amber Energy, filial del fondo Elliott Investment Management, por US$ 5.900 millones, pero la transacción no se ha concretado porque requiere autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Nuevo escenario tras la captura de Maduro
La situación jurídica cambió radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una intervención militar estadounidense. En marzo, el Departamento de Estado reconoció formalmente a Rodríguez como “única jefa de Estado” de Venezuela mediante una carta presentada ante la corte federal, según informó Reuters. El 1 de abril, la OFAC la retiró de la lista de funcionarios venezolanos sancionados, eliminando un obstáculo clave para que Caracas recupere el control de sus filiales en territorio estadounidense.
Desde 2019, cuando la primera administración Trump impuso sanciones a PDVSA y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, los activos venezolanos en Estados Unidos quedaron bajo el control de juntas directivas designadas por la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015. Esa arquitectura institucional administró los bienes y enfrentó los litigios en nombre del Estado venezolano durante seis años, pero perdió su sustento jurídico con el reconocimiento de Rodríguez.
En paralelo, PDVSA ratificó en marzo a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, al frente de PDV Holding y Citgo, e incorporó a los directorios a ejecutivos cercanos a Rodríguez. Según Reuters, la administración interina se prepara para asumir el control efectivo de los consejos de administración de las filiales estadounidenses, aunque el Departamento del Tesoro aún no ha autorizado los nuevos nombramientos.
Licencias y advertencias
El acercamiento entre Washington y Caracas ha producido cambios acelerados en el sector petrolero y minero. Venezuela aprobó una nueva ley de hidrocarburos y discute otra de minería, mientras se otorgan licencias que han despertado expectativas entre inversionistas extranjeros.
Sin embargo, un grupo de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos advirtió que las licencias mineras podrían convertirse en un mecanismo de blanqueo de oro ilegal, al permitir la comercialización de minerales provenientes de zonas controladas por redes criminales. La extracción de oro en Venezuela se desarrolla en medio de graves violaciones de derechos humanos, contrabando y corrupción, según informes de Naciones Unidas y Transparencia Internacional.
