La investigación se amplió con la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en un exclusivo country club, cuyas expensas figuran a nombre de la esposa de Adorni. El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, quedó formalmente imputado por presunto enriquecimiento ilícito después de que el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara al juez Ariel Lijo una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2022.
La causa, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente del oficialismo, quien señaló un incremento del 500% en el patrimonio de Adorni en un único período fiscal. Pagano denunció discrepancias entre la declaración jurada inicial del funcionario y la anual, incluyendo la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a 16 millones de pesos, así como la incorporación de 24.500 dólares en efectivo justificados mediante préstamos de su madre y una tía.
La investigación se amplió con la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, cuyas expensas figuran a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. Según la fiscalía, el funcionario solo declaró dos inmuebles ante la Oficina Anticorrupción: el 50% de un departamento en la ciudad de Buenos Aires y la totalidad de una unidad en La Plata. No consta ninguna propiedad en countries ni en Exaltación de la Cruz.
Pollicita solicitó oficios a los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, informes de la administración del country sobre el pago de expensas y permisos de obra, reportes bancarios, registros de vehículos, aeronaves y embarcaciones, y la totalidad de las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario desde 2022, incluidos los anexos reservados. También requirió los datos migratorios de Adorni y Angeletti desde enero de 2022 y un informe sobre las participaciones societarias de ambos y de dos familiares.
La causa se consolidó bajo el juzgado de Lijo luego de que la jueza María Servini se inhibiera y remitiera un expediente paralelo sobre el incremento patrimonial del funcionario. El juez aún no se pronunció sobre las medidas propuestas por la fiscalía.
Adorni ha evitado dar explicaciones detalladas en público. En su conferencia de prensa del miércoles, se limitó a invocar su derecho a la privacidad patrimonial y afirmó que lo no declarado obedece a que el plazo de presentación de su declaración jurada no ha vencido. En su entorno anticipan que una hipoteca explicaría las adquisiciones bajo escrutinio cuando presente la declaración el 30 de mayo.
La imputación se suma a un expediente separado que investiga un viaje en avión privado de Adorni a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio, vinculado a la televisión pública, que también tramita ante Lijo.