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Fernández de Kirchner pide a la ONU suspender la inhabilitación que le impide ser candidata
Fernández de Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación en la contratación de obra pública durante sus mandatos La defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que solicita la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia argentina, según anunciaron sus abogados el miércoles en Buenos Aires.
La presentación incluye tres medidas cautelares: dejar sin efecto de manera provisoria la inhabilitación, restituir la Corte Suprema a sus cinco miembros —hoy funciona con tres— y modificar el régimen de prisión domiciliaria, entre otros puntos para retirar la tobillera electrónica. La defensa pidió además la revisión integral de la condena.
Fernández de Kirchner, de 73 años y presidenta entre 2007 y 2015, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación en la contratación de obra pública durante sus mandatos. La sentencia quedó firme tras su confirmación por la Corte Suprema y la expresidenta cumple prisión domiciliaria desde 2025.
El equipo lo integran el argentino Carlos Beraldi, el español Javier Borrego —exjuez del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— y el brasileño Rafael Valim, que participó en la presentación de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo Comité durante el proceso derivado de la operación Lava Jato.
Los abogados sostienen que el juicio vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en Argentina, y afirman que la sanción perpetua contradice criterios previos del organismo. “Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité”, dijo Valim. Las alegaciones de arbitrariedad judicial y persecución formuladas por la defensa y por la propia expresidenta no cuentan con acreditación independiente.
En una entrevista el jueves, Valim sostuvo que las decisiones del Comité “son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”. El mecanismo, sin embargo, no equivale a una sentencia ejecutable: si el Comité concluye que hubo vulneración de derechos, emite recomendaciones para que el Estado adopte medidas de reparación, sin instrumentos de ejecución forzosa. El abogado señaló asimismo que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla una decisión de ese tipo como fundamento para revisar una sentencia firme.
Valim estimó que las cautelares podrían resolverse en meses y el fondo del asunto demorar años. También afirmó que ganar una elección primaria no implica acceder a un cargo público, por lo que la inhabilitación no obstaría a una candidatura, aunque reconoció que esa interpretación es controvertida. La vigencia del régimen de primarias para 2027 no está definida.
En una carta difundida en redes, Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación es “en realidad, la pena principal”. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, manifestó que el peronismo la quiere como candidata en 2027, en un espacio donde también se postula el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
