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Venezuela abre su sector minero al capital extranjero; EE.UU. autoriza negocios con oro en el país
La noticia se dio tras la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien llegó acompañado por más de dos docenas de empresas del sector minero y de minerales Venezuela dio esta semana un nuevo paso para abrir su sector extractivo al capital extranjero, al tiempo que Estados Unidos autorizó ciertas transacciones con oro venezolano bajo un esquema limitado. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma minera impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en paralelo a la licencia emitida por Washington para permitir negocios con Minerven, la estatal aurífera venezolana, pocos días después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.
Según el borrador, la reforma deroga la ley minera de 1999, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar oro, diamantes y tierras raras, amplía las concesiones de 20 a 30 años y prevé arbitraje internacional para disputas. El proyecto aún debe pasar por una segunda discusión. La licencia 51 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, por su parte, autoriza la importación, compra, transporte y refinación en territorio estadounidense de oro de origen venezolano por entidades estadounidenses ya establecidas, pero no autoriza minería, exploración, producción ni refinación de oro dentro de Venezuela, ni la creación de joint ventures mineras en el país.
El movimiento tomó impulso tras la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien llegó acompañado por más de dos docenas de empresas del sector minero y de minerales. Al final de ese viaje, Burgum dijo que había recibido garantías de seguridad para potenciales inversores. “We heard assurances … that this government would ensure their security”, afirmó, al referirse a futuras operaciones en zonas remotas y de alto riesgo.
Desde Caracas, el oficialismo presentó la reforma como un intento de recomponer la confianza de los inversores tras años de expropiaciones y deterioro operativo. La agencia AP informó que el proyecto regula derechos mineros, crea categorías de minería a pequeña, mediana y gran escala, permite arbitraje independiente y prohíbe a presidente, vicepresidenta, ministros y gobernadores poseer títulos mineros. Delcy Rodríguez describió la iniciativa como “una victoria para el bienestar social” de los venezolanos.
Pero la apertura se plantea sobre un terreno marcado por violencia, informalidad y abusos. AP señaló que muchas de las zonas ricas en minerales han estado bajo control de guerrilleros, bandas y otros grupos ilegales, con anuencia y beneficio de funcionarios y militares. En un informe citado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, esos grupos “determinan quién entra y sale” de las áreas mineras y obtienen beneficios mediante extorsión y un sistema de corrupción que incluye sobornos a mandos militares.
El giro minero sigue el mismo patrón ya visto en hidrocarburos. Reuters reportó que la reforma petrolera aprobada en enero rebajó impuestos, amplió la autonomía operativa de privados y abrió espacio para nuevos contratos; la semana pasada, Shell firmó acuerdos de petróleo y gas con Venezuela. En ese contexto, Caracas intenta presentar la minería como el siguiente frente de recuperación económica. La dificultad es que, incluso si llegan nuevas inversiones y canales de exportación, el sector arrastra un pasivo severo de inseguridad, precariedad laboral, degradación ambiental y control criminal que ninguna ley podrá revertir por sí sola.
