


Originario de Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar como cocinero El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 70 años, recuperó este miércoles el apartamento que le había sido confiscado durante su encarcelamiento en Caracas, tras pasar varios días durmiendo en el pasillo del edificio porque uno de los policías que lo había arrestado en 2023 ocupaba su vivienda. El caso, documentado por la agencia AFP, ilustra el patrón de confiscaciones de viviendas que han denunciado presos políticos y opositores exiliados venezolanos durante los años recientes.
Breijo fue liberado la semana pasada en el marco de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aprobada en febrero de 2026 bajo presión de Washington tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense. Al regresar a su apartamento, donde había vivido por más de dos décadas, encontró que el inmueble había sido asignado tres meses antes a uno de los oficiales que lo había detenido. Si me voy, me meten preso, relató Breijo a la agencia al describir cómo las fuerzas de seguridad intentaron desalojarlo del pasillo donde había instalado un colchón. Diversos vecinos del edificio, encabezados por la dirigente vecinal Eulise Villarroel, denunciaron la situación ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La cesión del apartamento se concretó en la madrugada del miércoles, con la salida del policía.
Originario de Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar como cocinero en un hotel de lujo en Caracas. Se casó con una venezolana y permaneció en el país. Su arresto a finales de 2023 se produjo, según su propio relato, después de intentar vender una fotografía que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, durante el primer estallido de la guerra entre Israel y Hamás. Necesitaba 1.500 dólares para una cirugía de cateterismo cardíaco. La operación derivó en su imputación por terrorismo, un cargo que ha sido utilizado durante los años recientes contra ciudadanos venezolanos y extranjeros para procesarlos en el sistema penitenciario nacional.
En prisión le fue diagnosticado un edema doble pulmonar, una condición crítica derivada del exceso de líquido en los pulmones que pone en riesgo su vida. Tras recuperar su vivienda, encontró el apartamento prácticamente vacío. Aquí no hay nada mío, afirmó. Fue hospitalizado en la noche del miércoles para atender su estado de salud. La embajada de Uruguay envió un cónsul que asistió en las gestiones para la recuperación del inmueble. El caso se inscribe en un patrón más amplio. Magali Meda, mano derecha de la líder opositora venezolana María Corina Machado, denunció desde el exilio que dieciséis hombres armados ingresaron a su vivienda y la marcaron con carteles de asegurado e incautado. Según la organización Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidos al menos 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, pese a los más de 8.000 amnistiados que reporta oficialmente el Gobierno desde la aprobación de la norma.