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Uruguay rescinde contrato con astillero español Cardama por “incumplimientos graves” y prepara demanda
En octubre de 2025, Orsi ya había anunciado su decisión política de rescindir el acuerdo tras advertir “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo” El Gobierno de Uruguay resolvió rescindir el contrato firmado con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional, al alegar “incumplimientos contractuales graves”, y anunció que iniciará acciones legales por daños y perjuicios.
El anuncio lo hizo el presidente Yamandú Orsi tras un Consejo de Ministros en Montevideo. “Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó al inicio de su conferencia.
Orsi sostuvo que el caso se consolidó cuando el Ejecutivo revisó las garantías contractuales. “Nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, dijo, en referencia a la garantía de fiel cumplimiento. Según el Gobierno, la empresa reconoció posteriormente que esa garantía era inexistente.
Además, el Ejecutivo informó irregularidades en la denominada garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, señaló Orsi, al indicar que el documento presentado no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones.
El presidente detalló cuatro medidas: rescindir el contrato e iniciar acciones por daños y perjuicios; avanzar para “recuperar el patrimonio del Estado”; definir responsabilidades institucionales e individuales; y procurar la adquisición de patrulleras oceánicas por otras vías.
Antecedentes del caso y garantías cuestionadas
El contrato fue rubricado en diciembre de 2023 por la administración anterior y preveía la compra de dos OPV por US$ 92 millones, según la información difundida en su momento por el Ejecutivo.
En octubre de 2025, Orsi ya había anunciado su decisión política de rescindir el acuerdo tras advertir “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”. En aquella instancia, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que había indicios de que la firma que respaldaba el aval era una “empresa de papel”. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el Estado había transferido una suma cercana a US$ 30 millones en cumplimiento del contrato.
Alternativas para la Armada
Orsi indicó que el Gobierno explora opciones con países que cuentan con astilleros públicos y privados para adquirir patrulleras de porte similar, y que evalúa incorporar lanchas rápidas para vigilancia costera. También mencionó un ofrecimiento de Estados Unidos para entregar un navío como solución intermedia.
Fuentes de Cardama, citadas por medios regionales, cuestionaron el procedimiento y señalaron que evaluarán “los caminos a seguir”.
