La oposición peronista vinculó la intervención con la agenda estratégica de Estados Unidos en el extremo sur El Gobierno de Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia —el más austral de Argentina y uno de los principales puntos de acceso a la Antártida— y asumió el control de sus operaciones por un año, en una medida que reavivó el choque con la provincia de Tierra del Fuego y abrió un nuevo frente de disputa política sobre el alcance federal de la decisión.
La intervención fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional, tras inspecciones y denuncias vinculadas a infraestructura y administración de fondos. La ANPyN sostuvo que hubo “falta de respuestas concretas” por parte de las autoridades provinciales, además de reclamos de trabajadores y preocupaciones expresadas por empresas navieras que operan en el área.
El director del organismo, Iñaki Arreseygor, afirmó a medios locales que una auditoría detectó que “más del 30%” de los ingresos del puerto habría sido utilizado para cubrir “déficit y gastos de la provincia”, pese a que —según argumentó— la normativa exige que esos recursos se reinviertan en la propia infraestructura portuaria. Arreseygor estimó los fondos desviados en unos 6.000 millones de pesos, sobre un total de 20.000 millones ingresados, de acuerdo con el relevamiento citado.
La gobernación fueguina rechazó las acusaciones y anunció un reclamo judicial. En un comunicado, la provincia sostuvo que la intervención “constituye un avasallamiento” a su autonomía, “sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale”, y advirtió sobre “narrativas preocupantes” en torno a “intencionalidades geopolíticas o económicas” detrás de la decisión.
El gobernador Gustavo Melella, un opositor a Milei a nivel nacional, dijo que no comparte “ni la medida ni sus fundamentos” y defendió que el puerto cumple “con estándares de excelencia” que se reflejan en su volumen de actividad. Ushuaia es un nodo clave del tráfico marítimo del Atlántico sur: en las dos últimas temporadas registró más de 1.300 recaladas —entre cruceros turísticos, pesca, carga, buques militares y científicos—, con cerca de 200.000 pasajeros transportados, según cifras oficiales citadas por la prensa.
La oposición peronista vinculó la intervención con la agenda estratégica de Estados Unidos en el extremo sur. Guillermo Carmona, exresponsable de la disuelta Secretaría de “Malvinas”, Antártida y Atlántico Sur, sostuvo que la medida debe leerse “en un contexto de avance de los intereses estadounidenses sobre Ushuaia” y de la “predisposición” del Gobierno nacional a facilitar mayor presencia de Washington en la zona.
Las sospechas se conectan con antecedentes recientes: en abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia y se reunió con la entonces jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, en una visita presentada como parte del fortalecimiento del vínculo bilateral y de la proyección antártica de la ciudad.